César Augusto Correa
Durante la segunda mitad del siglo XX los sectores populares constituyeron una gran variedad de organizaciones con las cuales unían recursos para obtener importantes obras y servicios de beneficio colectivo, que mejoraron las condiciones de vida de millones de trabajadores, mediante la cooperación solidaria.
Por decenas de miles se crearon en el país las asociaciones de trabajadores que remediaron en gran medida necesidades colectivas como el crédito, la vivienda, la producción agropecuaria, la producción artesanal, la comercialización de productos, con saldos directamente positivos para los asociados e indirectamente para toda la sociedad, por ejemplo, se promovió el desarrollo de las ciudades con urbanizaciones técnicamente planificadas y ejecutadas, con el autofinanciamiento, ayudándoles a los municipios que no avanzaban a atender las demandas del crecimiento poblacional de las ciudades.
En el área rural las asociaciones de trabajadores agrícolas gracias a la cooperación de miles de ciudadanos lograron que mejoren las técnicas de cultivos, que se incrementen los servicios públicos de educación, agua potable, alcantarillado o letrinización, energía eléctrica, salud, recreación, vivienda.
En lo que se refiere al crédito tuvimos que se formaron cooperativas o cajas de ahorro y crédito, que con bajísimos costos de administración consiguieron captar notables sumas de dinero, con las cuales resolvían eficazmente las necesidades de liquidez en cuestión de horas, con máximas facilidades, a plazos cómodos, intereses bajos, para sortear problemas de salud, inversión, educación, adquisición de electrodomésticos, etc.
Todo se hacía simplemente acogiéndose al título XXIX del Código Civil y aprobando los estatutos en alguno de los ministerios. Se gozaba de amplia libertad y de facilidades para hacer las cosas con rapidez, reduciendo totalmente los costos de la administración y respondiendo a las características del medio.
El movimiento alcanzó proporciones inusitadas, manejando decenas de millones de dólares, que reclamó una reglamentación adecuada, que se tradujo en la aprobación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, con un contenido destinado a resolver temas de frecuentes conflictos en la vida de las organizaciones populares.
Se llegó al momento en el cual las organizaciones sociales cuentan con millones de «clientes», con miles de millones de dólares, que controlan un alto porcentaje de las actividades económicas del país, lo que se ha convertido en apetitoso banquete para la burguesía financiera, que se ha propuesto absorberlo.
El 27 de octubre pasado, mediante decreto presidencial 191, se puso en vigencia el Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia Social, con el cual se imponen condiciones y restricciones para asfixiar a las organizaciones sociales sin fines de lucro; se les impone una dura camisa de fuerza, que hará muy difícil en el futuro constituir nuevas organizaciones y que a las que existen les tocará sortear un camino lleno de baches, deslaves, ríos sin puente…