La política ecuatoriana suele mirarse desde Quito, pero la democracia se juega, día a día, en los municipios. Allí se decide si hay agua potable, basura recogida, calles transitables, espacios públicos dignos. Sin embargo, buena parte de la gestión pública local parece atrapada en un ciclo de improvisación, desorden y clientelismo que erosiona la confianza ciudadana y vacía de sentido la autonomía municipal.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales fueron concebidos como pilares de la descentralización: con autonomía política, administrativa y financiera, y competencias claras en planificación del desarrollo, ordenamiento territorial, vialidad urbana, ambiente y servicios básicos.

Sobre el papel, son gobiernos de proximidad capaces de responder mejor a las necesidades locales; en la práctica, demasiados operan como feudos personales, oficinas de empleo temporal o cajas chicas de campañas.

El desgobierno local no es solo falta de capacidad técnica; es también un modo de hacer política. Planes de desarrollo copiados o desactualizados, ordenanzas hechas a la medida de intereses particulares, obras priorizadas por cálculo electoral y no por urgencia social, rotación permanente de funcionarios según el color político del alcalde. El resultado es una institucionalidad débil que depende más del humor del líder de turno que de reglas estables.

En ese contexto, el clientelismo se vuelve el lenguaje dominante. La literatura lo define como un intercambio vertical y asimétrico: favores, empleos o contratos a cambio de apoyo político.

En muchos cantones, el acceso a un puesto en el municipio, a un contrato de obra pequeña o a una ayuda puntual depende menos de derechos y procedimientos, y más de “a quién conoces”. La relación entre ciudadano y gobierno se degrada a una transacción, no a un vínculo de derechos y deberes.

Este modelo tiene efectos devastadores. Primero, deteriora la calidad del gasto: se privilegian obras visibles y rápidas sobre inversiones estructurales en agua, saneamiento o gestión de riesgos. Segundo, expulsa talento: profesionales formados huyen de municipios donde cada cambio de alcalde implica barrer equipos técnicos. Tercero, alimenta la desafección política: la gente termina convencida de que “todos son iguales” y de que participar no cambia nada.

¿Hasta cuándo el desgobierno y el clientelismo? La respuesta no vendrá solo desde la ley. El COOTAD ya ofrece un marco robusto; falta aplicarlo con seriedad y acompañarlo de reformas políticas concretas: concursos meritocráticos para cargos técnicos, carreras administrativas municipales, reglas estrictas de transparencia en compras públicas, presupuestos participativos reales y sistemas de evaluación de gestión con indicadores públicos.

También se requiere cambiar la cultura política local. Mientras el ciudadano siga viendo al alcalde como “patrón” que reparte favores y no como servidor que administra recursos públicos, el clientelismo seguirá siendo rentable. Los medios locales, las veedurías ciudadanas, las universidades y las organizaciones sociales pueden convertirse en contrapesos si fiscalizan contratos, monitorean planes y explican, con datos, qué hacen los municipios con cada dólar.

La gestión pública municipal en Ecuador no está condenada al desgobierno. Hay experiencias de alcaldías que planifican, abren información, profesionalizan sus equipos y construyen confianza. Pero siguen siendo la excepción, no la regla. La pregunta “¿hasta cuándo?” es, en realidad, un desafío: hasta que la ciudadanía deje de premiar al que reparte empleos y obras improvisadas, y empiece a respaldar a quienes gobiernan con reglas, proyectos y resultados. Solo entonces los municipios dejarán de ser botín político y se convertirán, por fin, en el primer eslabón de un Estado que funcione.