Diego Lara León
Entre hacer lo legal y hacer lo correcto existe “cruce de vías” donde se extravían gobiernos, empresas y ciudadanos comunes. Es una zona gris que no aparece en los códigos, pero sí en la vida diaria, cuando una norma permite algo que la conciencia rechaza, o cuando la ética empuja a actuar y la ley aún no ha llegado.
Lo legal es el mínimo común denominador que una comunidad acuerda para no vivir en el caos. La ley ordena, delimita, sanciona, es un marco de convivencia y, en teoría, una promesa de igualdad. Pero la ley también es hija de su tiempo, puede ser lenta, puede estar desactualizada y, en los peores casos, puede haber sido diseñada para proteger privilegios. Por eso, creer que “legal” equivale siempre a “correcto” es una ingenuidad peligrosa. La historia está llena de decisiones perfectamente legales que hoy nos resultan inaceptables.
Lo correcto, en cambio, es más exigente y menos cómodo. No se firma en un registro oficial ni se aprueba por mayoría simple. Lo correcto se discute, se duda y se argumenta. Depende de valores compartidos como la dignidad humana, la compasión, y la integridad y suele tener un costo. Hacer lo correcto puede implicar perder beneficios, enfrentar represalias o quedarse solo.
El problema surge cuando lo legal y lo correcto se separan, tampoco es cierto que lo correcto deba convertirse en una licencia para saltarse la ley. Cuando la moral se usa como excusa para ignorar reglas, entramos en otro riesgo: el del voluntarismo, el del “yo sé lo que es bueno para todos”. Allí nace el autoritarismo, incluso con buenas intenciones. La ley, con todos sus defectos, protege de la arbitrariedad: impone límites, exige evidencias, obliga a rendir cuentas. Si cada quien aplica su propia versión de lo correcto por encima del marco legal, la sociedad se vuelve impredecible y frágil.
Entonces, ¿cómo manejar el dilema? La respuesta madura no es escoger un extremo, sino construir puentes. Cuando lo legal no alcanza, lo correcto debe empujar reformas: actualizar normas, cerrar vacíos, mejorar instituciones. El camino ético no debería ser “romper el sistema”, sino elevar el estándar del sistema. En términos sencillos: si una acción es legal pero inmoral, el deber cívico es cuestionarla y transformarla, no celebrarla. Y si una acción parece moral, pero es ilegal, el deber responsable es buscar vías legítimas para lograr el mismo fin sin destruir el marco común.
La ética es un faro, la ley es el mapa. Si existe dilema entre o legal y lo correcto, significa que la ley debe ser mejorada y la sociedad debe educada.
En tiempos de polarización, este dilema se vuelve más urgente. Se nos invita a aplaudir lo “legalista” aunque sea deshumanizante, o a romantizar lo “correcto” aunque sea atropellador. La salida no está en la consigna, sino en la coherencia. Ojalá que la ley se acerque a la justicia y que la justicia no desprecie la ley. Ahí, justo ahí, empieza la verdadera civilización.
@dflara