Edwin Villavicencio
En Ecuador, cada ciclo electoral local trae un fenómeno preocupante: la reaparición de candidatos a alcaldías con un pasado claramente autoritario, pero empaquetados en campañas pulcras, lemas emotivos y promesas de “poner orden”. Confían en una premisa inquietante: el pueblo olvida pronto. Y, sobre esa amnesia calculada, vuelven a pedir el voto en ciudades que ya han sufrido sus abusos, su caudillismo y su desprecio por las reglas.
El libreto se repite. En campaña se presentan como gerentes modernos, cercanos a la gente, enemigos de la corrupción. Una vez en el poder, sustituyen el diálogo por el ultimátum, persiguen a la prensa crítica, bloquean al concejo municipal y convierten al municipio en plataforma personal. Deciden a dedo obras, contratos y nombramientos; premian la lealtad ciega y castigan cualquier disidencia. La ciudad termina gobernada como hacienda, no como espacio público.
El daño no es solo político, es urbano. Alcaldes con alma de caudillo destruyen tejido institucional y también físico: improvisan grandes obras sin planificación, sacrifican espacios verdes a cambio de cemento clientelar, endeudan al municipio para proyectos de impacto dudoso, descuidan mantenimiento básico de agua, alcantarillado y vías. Mientras tanto, los problemas reales, seguridad, movilidad, empleo local, quedan subordinados a la obsesión por la imagen y el control.
Estos candidatos no cambian porque no tienen incentivos para hacerlo. Saben que, en un entorno de desconfianza generalizada, basta presentarse como “diferente” o “más duro” para captar frustración ciudadana. Confían en que la memoria colectiva es corta y fragmentada: nuevos votantes que no vivieron su primer mandato, barrios que solo ven una obra vistosa, electores agotados que prefieren “que mande alguien fuerte” antes que asumir la complejidad de la política democrática.
Frente a esto, la responsabilidad no recae solo en ellos. Recae también en partidos que los reciclan, porque traen votos, y en élites locales que los financian a cambio de privilegios. Y, en último término, recae en un electorado que a veces decide con rabia, con cansancio o con nostalgia, sin revisar con cuidado el historial de quienes se postulan para administrar la ciudad.
La defensa de las ciudades pasa por un principio simple: para elegir a un alcalde no basta escuchar lo que promete, hay que mirar cómo ha gobernado. La trayectoria de respeto o irrespeto a la ley, a la prensa, al concejo y a la ciudadanía es el mejor predictor del futuro. Un candidato que ya demostró prácticas autoritarias no se volverá demócrata por arte de campaña.
Si permitimos que el pasado autoritario se maquille cada cuatro años con nuevos colores y jingles, seguiremos entregando nuestras ciudades a quienes las tratan como botín. Solo cuando la memoria pese más que el eslogan, y la coherencia valga más que la “mano dura”, las urnas dejarán de ser puerta de entrada para caudillos que llegan no a construir ciudadanía, sino a destruir ciudades.