Econ. Darío Hurtado

La paradoja de la inversión ciega

En la última media década, el presupuesto destinado a la seguridad en Ecuador ha seguido una lógica estrictamente burocrática, mientras la realidad en las calles dictaba una lógica de guerra. La narrativa oficial ha insistido en que la falta de recursos es el principal obstáculo; sin embargo, una revisión detallada de la ejecución presupuestaria entre 2018 y 2026 revela una realidad incómoda: el Estado ecuatoriano hoy gasta montos récord para obtener los peores resultados de su historia contemporánea.

El fin de la correlación (2018-2020)

Al inicio de este ciclo, bajo la administración de Lenín Moreno, el país operaba con una «paz económica». En 2018, la media de homicidios mensuales era de 83 casos, con una inversión promedio que rondaba los $238 millones. En ese entonces, el dinero parecía tener una capacidad de contención.

Sin embargo, el análisis estadístico identifica un punto de inflexión a finales de 2020. Aunque el gasto se mantuvo estable, la naturaleza del crimen cambió, y la estructura estatal, rígida y pesada, no pudo seguirle el ritmo. El gobierno de Moreno cerró entregando un sistema que ya mostraba grietas: la eficiencia del gasto empezaba a evaporarse.

Figura 1.

Comparación de la Media de Homicidios: Estabilidad vs Ruptura

Nota: El p-value < 0.05 indica que la diferencia es estadísticamente significativa.

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio del Interior

Para conocer que ocurrió realmente, la estadística constituye una herramienta esencial para probar lo que ocurre en el país. En este sentido, la prueba de significancia aplicada a los registros administrativos del Ministerio del Interior confirma una ruptura del modelo de seguridad. El gráfico de cajas revela que incluso los meses ‘más pacíficos’ de la crisis actual superan con creces a los meses más violentos de hace cinco años. Con un valor de probabilidad muy bajo, se demuestra que la política pública de seguridad es inerte: el presupuesto sigue fluyendo bajo lógicas de 2018, pero la realidad criminal ha mutado hacia una letalidad que el dinero público ya no logra contener.

La era de la ineficiencia: El caso de Guillermo Lasso

Durante la gestión de Guillermo Lasso, la desconexión entre el dólar invertido y la vida salvada se volvió abismal. Si comparamos marzo de 2022 con marzo de 2023, la inversión apenas varió en un 2.5% (pasando de $223M a $229M). No obstante, los homicidios en ese mismo lapso crecieron un 89.3%, saltando de 348 a 659 muertes mensuales.

Aquí es donde el sustento estadístico derriba el discurso: la administración pública no sufrió un recorte de fondos, sino una parálisis estratégica. El dinero fluyó hacia las instituciones, pero no se tradujo en una reducción de la mortalidad.

Figura 2.

Relación entre la inversión en seguridad y los homicidios (2018 – enero2026)

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio del Interior

Es por ello por lo que se puede visualizar que la desconexión del gasto y la seguridad es real. Mientras que en la prueba de estabilidad vs ruptura demostró que la violencia cambió de nivel, esta segunda prueba analiza la relación directa entre el dinero invertido y los resultados obtenidos. La relación medida a través del coeficiente de correlación de Pearson, da como resultado un valor cercano a cero y levemente positivo. En una gestión de seguridad eficiente, esperaríamos una correlación negativa (a más inversión, menos muertes); sin embargo, los datos revelan que el presupuesto es estéril: el gasto fluye para sostener la burocracia, pero es incapaz de influir en la curva de criminalidad.»

El pico histórico y la consolidación de la crisis: La transición a Daniel Noboa

El inicio de la gestión de Daniel Noboa en diciembre de 2023 marcó un hito tanto en gasto como en violencia. En ese mes, el gasto en seguridad alcanzó los $404 millones, la segunda cifra más alta registrada en toda la serie de seis años. Sin embargo, este despliegue financiero no impidió que el año cerrara con 756 homicidios en un solo mes. Al comparar este escenario con diciembre de 2018, se observa que el Estado gastó un 9.4% más, pero enfrentó un incremento del 845% en la violencia.

A medida que su mandato avanzó, la tendencia del gasto inerte e infructuoso se agudizo, llegando al 2025 a tener el punto más crítico de homicidios con un promedio de 780 muertes mensuales, a pesar de mantener una inversión de 310 millones en promedio.

Todo ello demuestra ineficacias en la administración de seguridad, dado a que no logran quebrar la tendencia al alza de la criminalidad, por lo que el año 2026 se considera según datos, una persistencia en la violencia con 684 homicidios en enero, confirmando que el modelo de seguridad sigue agotado. La administración no ha logrado que el presupuesto deje de ser una cifra burocrática para convertirse en una herramienta de contención real.

Esta desproporción es la prueba definitiva de que el presupuesto de seguridad en Ecuador es «inercial». Se paga la nómina y se mantienen las estructuras, pero la inteligencia y la prevención parecen estar fuera de la ecuación financiera. El reto de Noboa ya no es solo ejecutar fondos, sino demostrar que el dinero público puede recuperar su función primordial: garantizar el derecho a la vida.

Hacia una auditoría de resultados

El sustento de los datos nos obliga a dejar de preguntar cuánto se gasta y empezar a preguntar en qué se gasta. La evidencia sugiere que el presupuesto de seguridad en Ecuador no tiene el impacto esperado, se pagan sueldos, se mantienen las instituciones policiales y militares, se asigna el dinero y se reporta en los ejercicios fiscales con cifras ostentosas, sin embargo, no garantizan lo que se espera, “Seguridad”.

Del mismo modo, la diferencia de medias entre 2018 y 2022 es un grito de alerta estadística de lo que está ocurriendo con la “inversión en seguridad hasta enero de 2026”. Si el país continúa inyectando recursos en un sistema que ha demostrado no tener impacto sobre la tasa de homicidios, el gasto en seguridad no será una inversión, sino un impuesto a la tragedia. El reto del actual gobierno es el de demostrar que, por primera vez en nueve años, el dinero público esta dando los resultados esperados.