Quilanga, 19 de febrero de 2026
El Consejo Nacional Electoral, para cumplir con sus obligaciones y justificar su presencia institucional como parte de la rutina “democrática”, aprobó el pasado 14 de febrero el inicio del periodo para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027. Asimismo, se estableció el calendario que fija el 14 de febrero de 2027 como fecha de votación para elegir prefectos, alcaldes, concejales, vocales parroquiales e integrantes del CPCCS para el período 2027-2031, cuya posesión será el 14 de mayo de ese mismo año.
Si bien cumplir la ley es un deber de autoridades y ciudadanos, resulta preocupante que el país haya caído en una inercia electoral agotadora. Al mirar los últimos cinco años, el rastro es abrumador: acudimos a las urnas en 2021 para elecciones nacionales (primera y segunda vuelta); en febrero de 2023 para seccionales y un referéndum; en noviembre de 2023 por la «muerte cruzada»; en abril de 2024 para una nueva consulta popular; nuevamente en febrero y abril de 2025 para elecciones presidenciales y, finalmente, en noviembre de 2025 para otra consulta y referéndum sobre reformas constitucionales.
En total, sumamos seis procesos de elección presidencial y legislativa, uno de dignidades seccionales y tres consultas populares. Esta hiperactividad electoral ha significado ingentes recursos económicos en un país en crisis, una persistente inestabilidad política y una ciudadanía emocionalmente desgastada. Al final del día, las aspiraciones básicas de seguridad, salud, educación y empleo siguen postergadas.
Cabe preguntarnos: ¿Esta frecuencia de procesos electorales han mejorado realmente la calidad de nuestra democracia, o es simplemente una rutina para justificar el establishment y el statu quo regional?
La primera impresión sugiere que las elecciones fortalecen la democracia representativa. Sin embargo, lo que vivimos es más bien una democracia “delegativa”: el pueblo, siendo el soberano, cede su poder para que otros decidan. Como señaló Agustín Cueva (1974), los elegidos suelen ser el resultado de quién ostenta más poder, recursos e influencia. En pocas palabras, el voto no transforma la realidad, solo legaliza el estado actual de las cosas.
Una segunda lectura revela que, ante la urgencia de encontrar un rumbo para el país, los electores no siempre ejercemos el voto con la libertad y el pensamiento crítico necesarios. Terminamos consignando nuestra voluntad en función de la conveniencia inmediata, de promesas que venden falsas esperanzas o, lo más triste, desde el miedo y el resentimiento acumulado.
En este nuevo proceso seccional está en juego el modelo de gobierno local. Estamos a tiempo de organizarnos para encontrar al líder que nos sirva y no que se sirva de la confianza del pueblo. Es imperioso repensar a los futuros gobernantes como verdaderos servidores que actúen en coherente beneficio del bien común.