César Augusto Correa
Aún no se acaba de retirar los escombros dejados por el deslave ocurrido en la parroquia Lauro Guerrero, hace más de un año, ni se ha identificado algún terreno para reasentar a las 32 familias damnificadas, algunas de las cuales se han ido a vivir en Yamana o Catacocha, es lo que constatamos el 28 de febrero de 2026. El área cubierta por el deslave, o Zona Cero, técnica y legalmente se ha determinado que no es apta para utilizarla en edificaciones.
Los Gallegos perdieron 3 viviendas, están residiendo junto a la Zona Cero, en construcciones precarias, inseguras, amenazadas por un nuevo deslave, porque en la parte superior de la montaña 2 vertientes siguen humedeciendo y desestabilizando el terreno. Vicente nos dice que los del MIDUVI son buenazos para una encuesta, que vinieron a realizar encuesta tras encuesta, hasta que llegaron a cansar a la gente, que les ofrecieron viviendas siempre que los damnificados aportaran con el terreno para construirlas y que por último dichos funcionarios ya se han fatigado de venir. Aseguró que lotes urbanizados están a 30.000 dólares en Yamana, precio que les resulta inalcanzable, que en Catacocha están más caros y que en el vecino barrio Jatumpamba existe un área que podría servir para construir viviendas, pero es de propiedad comunal, que no se puede vender. Vicente tiene recuerdo vivo del momento del desastre, que no duró más de 10 segundos, al cabo de los cuales todas las casas estaban fuera de su lote, formando una montaña de lodo de 7 metros de alto, a las 00h30 del día, se cortó el servicio de alumbrado público y en esas circunstancias tuvieron que dedicarse a rescatar a sus familiares; él esa noche a esa hora estaba cerca y corrió a ayudar, logrando sacar a dos familiares cercanas que estaban atrapadas en el barro; reconoce que durante 2 meses los ubicaron en los locales escolares, donde recibieron buenas cantidades de alimentos y ropa, provenientes de donaciones.
Ketty Córdova perdió su casa y ahora vive en un departamento arrendado. Ella manifiesta que solamente han recibido ofertas de las instituciones públicas, pero no les ha llegado ayuda para volver a tener casa o trabajo para obtener los ingresos suficientes para recuperar su situación económica.
Le pasan la pelotita al Municipio.
Una vez más el Estado se ha lavado las manos, pasándole la responsabilidad al Municipio de Paltas, como si éste tuviera los recursos para solventar el problema. Para llegar a disponer del terreno urbanizado para la construcción de las viviendas se necesita más de medio millón de dólares, una cantidad insignificante para el gobierno nacional, pero demasiado grande para las arcas municipales.