La posible cancelación de dos organizaciones políticas en Ecuador abre un nuevo frente de tensión. Informes técnico-jurídicos del Consejo Nacional Electoral (CNE) recomiendan iniciar el proceso contra Unidad Popular y el movimiento Construye por presuntamente no cumplir con el mínimo de afiliados. Desde Loja, sus dirigentes cuestionan la legalidad y advierten una supuesta persecución política.

Escenario

A través de un comunicado emitido el 22 de marzo, el CNE dio a conocer que los informes se sustentan en el artículo 327, numeral 7 del Código de la Democracia, que establece la cancelación de una organización cuando sus afiliados o adherentes permanentes disminuyen a menos del 50% del mínimo requerido para su inscripción.

En ese contexto, el organismo plantea el inicio del procedimiento administrativo de cancelación y contempla un plazo de 10 días para que ambas organizaciones presenten sus descargos. Además, informó que otras 14 organizaciones políticas sí cumplen con el porcentaje exigido y serán notificadas conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, el proceso aún no ha sido resuelto por el pleno del CNE, debido a la falta de votos y quórum en las sesiones convocadas en días recientes.

Pronunciamiento

Desde Loja, las reacciones no se hicieron esperar. Vicente Flores Torres, director provincial del movimiento Construye, señaló que la organización ha enfrentado persecución política en distintos gobiernos y cuestionó los argumentos del organismo electoral.

“En primera instancia nosotros estamos esperando ser notificados, luego veremos las instancias que tenemos porque es importante respetar la ley y hacer que se respeten nuestros derechos”, expresó.

El dirigente indicó que, de existir un incumplimiento legal, están de acuerdo con que se apliquen sanciones, pero aseguró desconocer de dónde surge la afirmación de que el movimiento no cuenta con afiliados. Recordó que, en su momento, presentaron alrededor de 340.000 firmas, de las cuales 170.000 fueron validadas para su inscripción.

A su criterio, el proceso tendría un trasfondo político: “parecería que al gobierno actual le incomoda los partidos que están en oposición”, afirmó.

En la misma línea, Johana Granda, miembro de la directiva nacional de Unidad Popular, rechazó el informe y lo calificó como “fraudulento”, asegurando que pretende excluir a la organización del escenario político.

“Nosotros somos 218 mil afiliados en todo el Ecuador. De la noche a la mañana se pretende desconocer sin sustento técnico ni jurídico”, enfatizó.

Granda cuestionó además que intenten dejar fuera a cerca de 175.000 afiliados y sostuvo que la ley exige una solicitud expresa para cada desafiliación, lo cual —según dijo— no ha sido demostrado por el CNE. Añadió que en la provincia de Loja existen más de 5.000 adherentes, por lo que han solicitado certificaciones oficiales.

La dirigente aseguró que esperarán una resolución en firme antes de activar acciones legales, aunque no descartan acudir al Tribunal Contencioso Electoral y promover movilizaciones a nivel nacional.

Proceso

El proceso aún no cuenta con una resolución en firme y permanece pendiente de decisión del pleno del Consejo Nacional Electoral. Entretanto, las organizaciones involucradas anticipan que defenderán su permanencia por las vías legales.