Cada año, miles de jóvenes salen de las unidades de educación secundaria y aspiran una carrera, pero para ingresar a una universidad pública deben superar cierto puntaje y para quienes no lo logran, la única opción son las instituciones privadas —con costos elevados—; por ello, proponen reformar la Ley de las universidades para que el Estado regule la matrícula y pensión en las entidades.

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