Jenny Leiva, representante de los perjudicados de cooperativas de ahorro y crédito: “En Ecuador no existe una normativa legal que garantice a los ahorristas recuperar sus depósitos, en caso de cierre de este tipo de instituciones”

Jenny Leiva, perjudicada por el cierre de la Cooperativa Nuevos Horizontes en Loja.

En la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización y Control Político presidida por Elio Peña Ontaneda, convocará a las autoridades relacionadas con la economía popular y solidaria, principalmente a la titular de Superintendencia de este sector, Margarita Hernández Naranjo, a fin de que expliquen sobre los procesos de cierre de cooperativas de ahorro y crédito, así como del pago de acreencias a los perjudicados.


Previamente, el organismo recibió a Jenny Leiva, representante de los perjudicados de varias cooperativas de ahorro y crédito, a nivel nacional, quien dijo que en Ecuador no existe una normativa legal que garantice a los ahorristas recuperar sus depósitos, en caso de cierre de este tipo de instituciones.

Aseguró que, según información de la propia Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), son 341 cooperativas en proceso de liquidación, con un total de 16 mil depositantes perjudicados, el mayor número de instituciones (150) entró en liquidación en 2016. “Son, en algunos casos, más de siete años del cierre de las entidades y no recibimos ni un solo centavo, hay casos de personas jubiladas que depositaron los ahorros de toda su vida y, hasta ahora, no reciben su dinero”, añadió.

Enfatizó que las causas de este problema no están solo en las falencias propias de la legislación, sino en la falta de control de la Superintendencia.

Indicó que han presentado propuestas puntuales de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, así como al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para garantizar los depósitos de los clientes de las cooperativas de ahorro y crédito, por un lado; y, por otro, para permitir que quienes actúan como testaferros de los directivos de las cooperativas puedan ser enjuiciados, aún en ausencia.

David Silva, también representante de los perjudicados, reiteró que gran parte de la responsabilidad del perjuicio a los ahorristas de las cooperativas es de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que, al momento de su creación, permitió que varias entidades de garaje que pertenecían al régimen del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), pasaran a la economía solidaria.

Los legisladores Jaime Olivo y Dennis Marín, vocales de la Comisión de Fiscalización, respaldaron las preocupaciones de los perjudicados por el cierre de las 341 cooperativas, a quienes hasta ahora no les devuelven sus depósitos.
De su lado, Elio Peña, titular de la mesa, comprometió el trabajo del organismo en la fiscalización del proceso de cierre de cooperativas y la situación de los perjudicados. Así mismo, destacó que hayan formulado reformas legales para fortalecer a este sector, las cuales deberán ser sometidas a un amplio debate.(I).