Juristas opinan sobre los procesos que lleva Fiscalía y Contraloría contra el CNE

Galo Ortega Criollo y Rómulo Salazar Ochoa abogados en libre ejercicio.

Dos abogados dieron sus puntos de vista sobre la problemática que existe entre el Consejo Nacional Electoral (CNE), Fiscalía General del Estado (FGE) y Contraloría General del Estado (CGE), porque estas dos últimas entidades han iniciado varios procesos tras la denuncia de un supuesto fraude, en las elecciones del 07 de febrero.

Situación

El jurista Galo Ortega Criollo, expresó que tanto la Fiscalía y Contraloría tienen sus atribuciones que les establece la Constitución, por lo que, dentro del marco de sus competencias la FGE se encuentran investigando un posible fraude electoral y la CGE realiza auditoría del sistema de cómputo del CNE.

“Es normal que se presente una denuncia, estas entidades de control las investiguen y luego presenten un informe. En el caso de encontrar indicios, la Fiscalía iniciará un proceso de formulación de cargos en contra de los sospechosos de este hecho que, en este caso son la presidente y los concejeros del CNE, por otra parte, la Contraloría puede pedir la destitución de funcionarios, porque no cumplieron con su responsabilidad de manejar de forma adecuada el sistema de cómputo”, dijo.

A su criterio, no está invadiendo competencia de otras instituciones, sino solo investigando y para ello solicitan información del organismo electoral, quien puede seguir sin contratiempos el proceso de elecciones de autoridades.

Además, la Fiscalía de acuerdo a la normativa tiene para investigar un año y no necesariamente tienen que pronunciarse antes de que las nuevas autoridades asuman sus funciones, sino que es una indagación totalmente diferente en donde tratan de determinar si se cometió el delito (fraude electoral) y cuáles son los responsables.

Por su parte, Rómulo Salazar Ochoa, indicó que la presencia de las entidades de control es una contravención de la norma, en especial al artículo 16 del Código de la Democracia, el cual señala que “ninguna autoridad extraña a la organización electoral, podrá intervenir directa e indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales”.

Se viene desarrollando un proceso electoral, de la cual se ha realizado la primera etapa (elecciones del 7 de febrero) y se viene una segunda, el 11 de abril, por ende, la orden dada por un juez de que la fiscal de la nación, Diana Salazar Méndez, pueda requerir al CNE información y le permita hacer constataciones, recoger datos es ilegal.

“Ninguna autoridad ni los jueces tienen facultad para intervenir dentro del proceso electoral, porque la única autoridad que puede tomar decisiones incluso juzgar las conductas en el ámbito electoral es el CNE, tampoco el contralor tiene facultad para eso”, añadió.

Agregó que tiene la impresión que desde ahora se viene orquestando un golpe de Estado, ya que no se explica de otra forma estas acciones.(I).(FJC).