Aunque en el Centro de Rehabilitación Social de Loja (CRS-L) no se presentaron novedades de amotinamientos como en otras cárceles del país, familiares de personas privadas de la libertad (PPL) están preocupados que en esta ciudad podría suceder algo similar. Los hechos violentos afectan al Ecuador.

Circunstancias

Los amotinamientos en las cárceles de tres provincias: Guayas, Azuay y Cotopaxi dejan a la fecha 79 personas fallecidas. Ante la situación, personal policial y militar resguarda las instalaciones del centro carcelario de Loja para evitar posibles eventos.

Sin embargo, entre las medidas tomadas es que la visita de los abogados defensores de los presos está suspendida hasta nueva orden, esto para evitar algún inconveniente, aunque todo se ha desarrollado con normalidad.

Martha C. T., madre de una PPL, quien cumple una condena por robo, señaló que tras conocer de los hechos violentos en el país decidió en horas de la tarde acudir a la cárcel para constatar si existía o no alguna novedad, afortunadamente todo está tranquilo, sin embargo, se encomendó al Creador para que ni haya desmanes.

Por su parte, Cecilia P. S, quien también tiene un familiar preso, indicó que ella estuvo en permanente contacto con el abogado defensor con el propósito de estar atentos ante un posible amotinamiento en Loja.

“Como todo se desarrolló de manera normal y no hubo inconvenientes, hoy acudí al CRS a dejarle ropa y útiles de aseo, luego me retiré, ya que por el momento están prohibidas las visitas”, añadió.      

Ley

A decir, de Sandra Jiménez Cabrera, exdirectora del CRS-L, estos hechos suscitados en las cárceles del país es muy lamentable, porque más allá de las muertes deja entrever como los PPL están más armados que la misma Policía Nacional y agentes penitenciarios e inclusive tienen celulares con internet.

“Estas acciones terroríficas que fueron grabadas por los mismos presos afecta al país, porque si algún extranjero visualiza esas imágenes, pensará que, si dentro de las cárceles sucede esto, cómo será afuera en las calles, provocando que menos personas vengan al país y la economía empiece a disminuir”, dijo.

Muchos familiares durante el desarrollo de los eventos, pedían a la Policía Nacional que controlen la situación. “En primer lugar, según las leyes, los servidores policiales tienen la custodia del perímetro externo de los centros de rehabilitación y los agentes penitenciarios son los encargados de controlar cualquier conflicto al interno. Los militares ni pueden ingresar, mientras no haya un estado de excepción”.

Sin embargo, cree que era necesario que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo a la Policía Nacional para que no haya tantos fallecidos.(I).(FJC).