El Defensor del Pueblo, el lojano Freddy Carrión, presentó una denuncia en la Fiscalía General, con acusaciones contra el presidente Lenín Moreno y otros altos funcionarios públicos, que habrían cometido delitos de lesa humanidad, para quienes pidió una inmediata prohibición de salida del país.

No recuerdo ni un solo caso anterior en la Historia del Ecuador que se haya presentado una denuncia de esta naturaleza contra un presidente y ministros en funciones. Mandatarios que cometieron delitos de lesa humanidad hay varios, pero ninguno fue llevado a los tribunales de justicia, de manera que estamos ante un caso inédito, cuyas perspectivas son inimaginables.
No hay para qué dudar que Freddy Carrión ha puesto en juego su vida, su integridad física y su patrimonio, así como las de su familia. Tomó una decisión extremadamente riesgosa, porque amenaza al mismo sistema, por lo que hasta intereses extranjeros pueden estar interesados en asesinarlo, así como también elementos de la extrema derecha nacional, aunque no se hallen entre los acusados. Por lo tanto, las fuerzas de seguridad deben acudir a todas las medidas necesarias para garantizarle la vida al Defensor del Pueblo.

Los delitos se habrían cometido en el mes de octubre de 2019, cuando se produjo el levantamiento popular contra la elevación de los precios de los combustibles y contra otros atropellos más que habían golpeado muy duro a los trabajadores. Abundancia de vídeos habrían sido grabados en la represión, que fueron difundidos universalmente, mostrando delitos de lesa humanidad y lo que faltaría sería identificar a los culpables. La contundencia de la prueba parece tan grande que personajes claramente identificados con la derecha, que integraron la Comisión de la Verdad, presentaron el informe que sirvió para que el Defensor del Pueblo hiciera la denuncia.

Las víctimas de los delitos fueron ante todo indígenas, por lo que los dirigentes fieles a sus bases están preocupados de que se tramite correctamente el proceso, hasta llegar a la sanción y a la reparación. Extraña que Yaku Pérez no haya hecho un adecuado pronunciamiento sobre el tema.

Para enjuiciar al presidente se necesita la autorización de la Asamblea Nacional y surge la pregunta: ¿Cómo votará el bloque de legisladores de Creo? ¿Tendremos la respuesta antes o después de las elecciones? Carrión puso en indeseables apuros a la fiscal general, a los asambleístas de derecha y a otros personajes, que deben estar buscando por lo menos postergar las diligencias.