La Contraloría General del Estado (CGE) remitió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP), por irregularidades en compras efectuadas para enfrentar la emergencia sanitaria, en el Municipio de Loja.

El organismo de control examinó 12 contratos, efectuados en el Municipio de Loja bajo la modalidad de emergencia, ejecutados entre el 1 de febrero y el 27 de abril de 2020 para la adquisición mascarillas, guantes, químicos para limpieza, trajes de bioseguridad e insumos médicos.

En la compra de 5.000 mascarillas N-95 y 100 trajes encapsulados no se cumplieron las fases y plazos establecidos en la Ley Orgánica de Contratación Pública. La factura de estos productos se pagó el mismo día en que fue emitida, aunque no se habían recibido los bienes.

A través de un acuerdo sin fundamento entre el proveedor y el Jefe de Adquisiciones, y pese al conocimiento de las autoridades de la Alcaldía, la entidad recibió mascarillas con características diferentes a las establecidas en el contrato, originando un pago injustificado de USD 32.500.

En otro contrato, adjudicado directamente para la provisión de guantes, gafas protectoras y mascarillas, el equipo de control estableció una diferencia en más de USD 9.073,40, entre el precio del mercado y lo que pagó el municipio por las mascarillas.
El informe del examen especial señala que ocho contrataciones no se sustentaron en estudios previos. Auditoría observó que la documentación que respalda la selección de los proveedores, como informes técnicos, estudios de mercado sobre la base de proformas y cuadros comparativos se incluyeron en el expediente luego de la ejecución y pago total de los contratos.

Según el informe de auditoría, en la compra de 600 litros de amonio cuaternario, para fumigar y desinfectar lugares concurridos de la ciudad, la adjudicación se realizó sin presupuesto referencial ni proceso de selección de proveedores.
Además, la empresa a nombre de la cual constaban tres proformas, utilizadas para sustentar el presupuesto referencial para la adquisición de mascarillas, insumos médicos, prendas de vestir e implementos de limpieza, informó que no envió las ofertas para participar en la contratación.

Tampoco se emitieron las certificaciones presupuestarias correspondientes, previo al inicio de los procesos, como lo determina la norma.

Según el informe de Contraloría, los hallazgos evidencian el incumplimiento de las disposiciones legales que regulan las contrataciones por emergencia. Los funcionarios del Municipio de Loja no realizaron el análisis transparente de las ofertas existentes en el mercado, con el objetivo de precautelar los intereses institucionales.

Antecedente:

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 211, establece que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.