De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, todas las personas tienen derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas. Sin embargo, incluso el trabajo periodístico se ve limitado, por los impedimentos para otorgar entrevistas en algunas entidades estatales.

La labor periodística basa su agenda diaria en los requerimientos e inquietudes que la ciudadanía requiere conocer; de esta forma transmite las noticias, a través de la radio, televisión, prensa y medios digitales, con información contrastada y verificada.

Sin embargo, en la ciudad de Loja, para solicitar entrevistas en algunas entidades públicas como: Dirección Regional del Trabajo; Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt); Secretaría de Derechos Humanos; Contraloría General del Estado; Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (Senae), incluso en esta última un funcionario fue separado de su cargo por dar declaraciones a la prensa. Y en las instituciones sin titular, tampoco se proporciona mayores datos.

La respuesta que se da, es la misma, que “no se está autorizado para dar ningún tipo de entrevista; y, cualquier requerimiento se debe pedir en la matriz en Quito de las respectivas Carteras de Estado”.

Situación

Lindon Sanmartín Rodríguez vinculado con la actividad periodística desde hace varios años, indica que esta situación incluso inició hace 14 años. Se instauró una “normativa comunicativa”, que, desde las esferas gubernamentales de alto nivel se manejen los permisos para que los funcionarios públicos concedan entrevistas a los periodistas y medios de comunicación.

Esta situación se contrapone con el principio fundamental del derecho a estar informado. Con este tipo de restricciones, “quien es el gran perdedor, es el ciudadano que no puede enterarse de lo que necesita saber”, acota el profesional.

El no proporcionar información oportuna, “se llama mediocridad de las autoridades por no dar a conocer sobre la parte de gobernabilidad en las instituciones”. No podemos esperar semanas y hasta meses, para contrastar la información, precisa Sanmartín Rodríguez.

Facilitar

Hever Sánchez Sanmartín, director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja (UNL), acota que es “vergonzoso porque al momento que no dan o esconden información, es simplemente porque no están trabajando”. Se debe otorgar las entrevistas que requieren los profesionales de la comunicación.

Incluso hay un nuevo proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Comunicación, “pero no se puede defender esta propuesta y por el otro lado no brindar la información requerida”. Lo que necesitamos es transparencia desde las instituciones públicas, concluye el catedrático. (I)

Dato

De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.