Los niños, niñas y adolescentes, luego, de 20 meses que, presionados por las circunstancias del mortal coronavirus debieron interrumpir la presencialidad del sistema educativo trastocarse sus vidas y emociones; hoy, con la aparente calma lograda por la vacuna y los cuidados de cada persona, es un imperativo el retorno presencial a las aulas, sin duda con los cuidados y recomendaciones de bioseguridad, de los docentes y de la familia.

No se puede permitir ya que los días transcurran y las clases prosigan en un sistema híbrido de presencialidad/virtualidad, sino tomar decisiones que se transformen en políticas educativas permanentes para recuperar el sistema educativo y su calidad, mismo que debe expresarse en la asignación de recursos económicos, que por derecho y ley corresponde para educación y mejorar la infraestructura, dotarle de tecnología y de implementos de bioseguridad para el retorno permanente a las aulas y dejarnos de miedos que, en lugar de cuidar la vida, están atentando a ella.

Si bien la pandemia deja experiencias agradables para estudiantes, docentes y padres de familia, sobre todo en la relación afectiva y emocional y en la mejora del compromiso y rol que cumplen los actores educativos, es el momento de llevarla al aula y retomar la presencialidad, no con los vicios del pasado, sino con todo lo nuevo que hemos aprendido en nuestros espacios de profesionalización y capacitación permanente.

No es el momento de seguir revisando cifras de estudiantes afectados por la pandemia, o de niveles de pobreza incrementados en la familia, que, si bien terminan afectando a la calidad de vida y de la educación, es momento, de trascender con las acciones que vayan en beneficio de todos y eso se logra con políticas de largo plazo y orientadas a dignificar la vida.

La educación es un derecho, sin embargo, está debe ser de calidad y con calidez, garantizada por el estado en todos los niveles, por tanto, la educación pública debe atenderse en igualdad de oportunidades y condiciones. Es necesario, abrir frentes para mejorarla y dignificarla porque el derecho a ir a la escuela y aprender es fundamental para el desarrollo, la seguridad y el bienestar de todos los niños. No es justo y responsable por parte del estado, mantener las aulas distantes de los estudiantes, mientras se permite actividad social en restaurantes, salones, gimnasios, espacios deportivos, entre otros, que aglomeran a la gente y son potenciales focos de contagio.

Me uno al llamado mundial de la UNICEF en el sentido que “esta generación de niños y jóvenes no puede permitirse sufrir más interrupciones en su educación y reabrir las escuelas lo antes posible y recuperar la educación, cuyo cierre ha sido devastador para el aprendizaje, la salud y el bienestar de los estudiantes, cuyas repercusiones se sentirán por años”.

Finalmente, el gobierno debe priorizar el apoyo a las escuelas y tomar todas las medidas posibles para reabrirlas de forma segura, auguro que el cronograma ya definido por el MNEDUC de hasta el 17 de enero regresen en su totalidad los estudiantes a sus aulas se cumpla, pues, la próxima generación depende de ello y nosotros somos los responsables.