No es simple coincidencia que por estos días, la opinión pública y particularmente la derecha hayan utilizado la palabra “terroristas” para describir, a quienes han sido parte de las protestas sociales y de las masacres carcelarias. El “gobierno del desencuentro” lejos de buscar solución a los problemas sociales de la gente sigue culpando a los gobiernos anteriores, en el supuesto que así sea, el presidente Lasso y su equipo hacen oídos sordos a los reclamos de esa masa de pobres que crece cada día gracias a las erróneas políticas neoliberales.

Francisco Huerta Montalvo, otrora político liberal, dice que la última masacre en la penitenciaría “refleja una intencionalidad política de crear el caos en el Ecuador para dar al traste con el gobierno…”. Razonamiento que han hecho propio varios analistas, pero lo que no hacen propio, es que efectivamente el tema carcelario es político, que como tal se le fue del control al gobierno por inepto y cómplice de los potentados económicos que en un santiamén se enriquecen favorecidos por el silencio de fiscales y jueces, que sea por temor o por confabulación tapan los hechos de

corrupción de estos verdaderos corruptos y terroristas politiqueros.

Que el tema carcelario es político, claro que lo es. Pero el gobierno actual aceptó el control carcelario por parte del narcotráfico. Eso explica que, mientras los presos a través de las redes sociales, con más de cuatro horas de anterioridad denunciaban y pedían auxilio a lo que posteriormente se convirtió en un exterminio, las autoridades carcelarias no hayan actuado, y digo las autoridades carcelarias, porque en el momento mismo en que se masacraba a más de medio centenar de presos en la penitenciaria, el presidente Guillermo Lasso, estaba de farra con la diplomacia de la embajada de EE.UU.

El gobierno, el Poder Judicial y los administradores carcelarios tienen al país escandalizado por la serie de hechos brutales dentro de las cárceles y también en las calles de las ciudades. Los errores y la indolencia de la burguesía a los problemas sociales de toda la vida, requiere de un cambio estructural del sistema político ecuatoriano. El pueblo exige del presidente Guillermo Lasso, la salida de la Ministra de Gobierno, de la Comandante de Policía, de las autoridades carcelarias y de todos sus “adulones” por cuya incapacidad, las bandas delincuenciales durante la masacre asesinaron a un luchador popular, a un defensor de la tierra y del agua, al compañero Víctor Enrique Guaillas, a quien Lenín Moreno y Paula Romo acusaron de sabotaje por

su participación en el levantamiento popular de octubre de 2019.

Entonces, en un ejercicio de conciencia social, de compromiso popular, debemos preguntarnos: ¿quiénes se benefician de la crisis carcelaria? Tras entenderlo, no podemos callar ante la inoperancia del gobierno del presidente Lasso a la banca internacional. No podemos callar ante la desfachatez de calificar a las masacres dentro de las cárceles como “actos terroristas”. ¿Qué le pasa señor Lasso?, ¡Acaso nos cree tontos!