Hace cinco años se paralizó la construcción del proyecto inmobiliario “Alcázar de Jipiro II”, obra que contaba con recursos del Banco de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), sin embargo, en la actualidad las viviendas se destruyen y al estar abandonadas están siendo ocupadas por ciudadanos venezolanos.

Obra

Este proyecto inmobiliario del Biess está ubicado en la calle Agustín Carrión, sector Jipiro, noreste de la ciudad de Loja. Cuenta con 165 casas terminadas, habitables, pero están deteriorándose porque desde el 2017 están abandonadas por problemas legales, financieros y denuncias de presuntos actos de corrupción.

Diario Crónica obtuvo información detallada en donde indica que la contratación del proyecto inmobiliario fue por 296 viviendas con una inversión de USD 14’124.032,43.

La obra debió iniciar en agosto de 2012, pero debido a la obtención del permiso de construcción en el Municipio de Loja se empezó en junio de 2015. Con fecha 31 de enero de 2017, el Ayuntamiento local dispuso la suspensión de los trabajos por no contar con el permiso de construcción vigente y no fue renovado a la constructora Criera Ecuador S.A. porque no presentó el cronograma valorado de obra.

El proyecto presentó complicaciones en su fase de construcción dado que no se consideró la geografía del terreno, mismo que cuenta con pendientes en las que no es viable la construcción de las viviendas, por lo que fue necesario la contratación de una consultoría integral del proyecto que avalúe la construcción y el monto de inversión para culminar las 165 casas construidas inicialmente.

Sin embargo, la contratista Criera Ecuador S.A. no pudo continuar con el proyecto toda vez que ha sido declarado como contratista incumplido ante el Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop), adicionalmente el estado de la compañía se encuentra como inactiva en el portal web de la Superintendencia de Compañías.

Además, la empresa fue notificada con un valor a pagar de USD 3’298.954,14, por concepto de multas con corte a la planilla Nº 30, que representa el 24.81% del monto total contratado (USD 14’124.032,43), cuantía que sobrepasa al valor estipulado en la Ley Orgánica del Sercop.

Incremento de costos

El arquitecto Jeamil Burneo Villamagua dijo a este diario que los datos recabados sobre la urbanización detallan que la topografía determinó el incremento de costos, es decir, no es lo mismo construir en un terreno plano que en un lugar con una pendiente donde necesariamente se debe edificar un muro.

El muro de contención para este tipo de obra debe ser armado hasta 30 centímetros de espesor con doble parrilla, lo cual hace que el precio de una vivienda se incremente hasta el 15%, por ejemplo, si antes valía USD 100.000 con estas obras complementarias que no son mejoramiento a la vivienda sino elementos de protección llegaría a los USD 115.000. Cree que el incremento de la obra provocó que la constructora no pueda justificar y no siga con el proyecto.

Desde los afiliados, existe indignación por la cantidad de recursos destinados y con el riesgo de perder el capital. Adrián Acaro Rodríguez es uno de ellos y dijo a Crónica que es inaudito que decenas de casas se destruyan a vista y paciencia de las autoridades, mientras tanto, miles de afiliados a diario tratan de conseguir una vivienda, incluso endeudándose con los bancos. “Los recursos que utilizaron para construirlas son de los afiliados y ¿ahora a quién demandarán para que les devuelvan los millones de dólares mal invertidos?”.

Inseguridad

Los vecinos de la urbanización abandonada aseguran que, la inseguridad en ese sector hace que los dueños de lo ajeno se lleven poco a poco  las ventanas, puertas y tuberías. Gente extraña extrae enseres del interior de las viviendas y se las llevan, nadie les puede seguir nada porque esta botado, incluso la maleza en varias partes ya tapa las casas.

Mery Moncada, moradora del sector Riberas de Jipiro, barrio que está frente a la urbanización, indicó a Crónica que cada día se hace la misma pregunta ¿por qué el Estado no toma cartas en el asunto, si para construir las casas utilizaron recursos de los afiliados? ¿cuántos de los compañeros afiliados necesitan una casa? y esto poco a poco se destruye.

“Lo malo es que desde varias semanas, alrededor de 4 a 5 casas están siendo invadidas por ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes se creen dueños de los bienes inmuebles, lo cual preocupa porque en nuestro barrio que ha sido tranquilo habrá inseguridad”.

Agregó que, “es tan evidente la invasión debido a que una pareja de extranjeros tiene hasta animales (perros y pollos) criando en la vivienda e ingresa a la misma como si fueran dueños”.

Zoila Villa, también moradora del lugar, expresó a este diario que desde hace dos meses no pueden vivir tranquilos por la presencia de los extranjeros en este lugar y temen que los agredan o sean víctimas de robo. “Espero que las autoridades tomen cartas en el asunto, antes que, se vuelva un punto crítico este lugar”.

Robo energía

Las personas que han invadido el lugar estarían de manera clandestina extrayendo energía eléctrica desde los cables que conectan a los medidores, dicen.

Paul Castillo Jaramillo, gerente de Comercialización de la Empresa Eléctrica Regional del Sur (Eerssa), dijo a este diario que de manera permanente realizan controles para evitar que las personas roben energía de manera clandestina. En el caso de la Urbanización “Alcázar de Jipiro II” no hay conexiones por lo que si se llega a encontrar cables serán retirados, esto para evitar un perjuicio a la entidad.

Nadie ocupa las casas

Diario Crónica dialogó con uno de los ciudadanos que habitan en el lugar. Dijo que él lleva viviendo en una de las casas hace 3 meses, pero lo hace porque no tiene recursos para pagar un hotel y estas viviendas están abandonadas. “En mi caso, he tratado de darle mantenimiento. Estoy consciente que no me pertenece y que en cualquier momento tendré que irme, mientras tanto tengo un techo para vivir y proteger del frío a mis hijos”.(I).

Dato  

Alrededor de 4 a 5 casas extarían siendo ocupadas por extranjeros.

El proyecto inmobiliario estaba contemplado para 296, pero solo se construyeron 165.

La duración de una vivienda en obra gris supera los 50 años; pero los acabados en menos de 3 años empiezan a deteriorarse.