Edwin Villavicencio Aguirre
La realidad que aqueja a la mayoría de entidades públicas (por no decir casi todas), es la visión alejada de una administración de calidad, donde impere la satisfacción ciudadana como valor supremo y objetivo final de su razón de ser, a cambio de ello, la realidad actual es contrapuesta, donde dichas autoridades, sumando la falta de preparación, habilidades y destrezas directivas que generen valor público, no comprenden su quehacer y el mal concebido “lineamiento político” lo asimilan como ineficiencia, incoherencia y gestión de mala calidad.
Como antecedente, el paradigma de la gestión pública, la corriente de la gestión pública con un locus en una sociedad totalmente compleja en un contexto turbulento y recursos escasos; su focus en las Técnicas gerenciales, estructuras flexibles y adaptables, enfocadas en el valor agregado al cliente, y, con la interrogante central de ¿Cómo desburocratizar a la burocrática? Esto ya fue tratado evidentemente en varios países como un paradigma y tendencia anterior, sin embargo, aún nuestro país como varios países latinoamericanos ni siquiera sus principales postulados son asumidos y nos encontramos con una institucionalidad orgánica de hace 60 años.
Como tendencia y exigencia institucional actual, como solución al caos público, es el paradigma de la nueva gestión pública que se empezó a gestar debido a la crisis del Estado Benefactor en la década de 1980, siendo esta una ola modernizadora con alcance holístico, introduciendo evidentes modificaciones estructurales en las entidades estatales. La corriente de la nueva gestión pública posee un locus en el espacio público redefinido y diferenciado del gubernamental y la reforma del estado; con un focus en la privatización, descentralización, recortes presupuestales, evaluación de desempeño, subcontratación y la separación de producción y provisión, y, trata de responder a una problemática de ¿Cómo desburocratizar en función de la reforma del Estado y la redefinición de lo político?
Esta moda o propagación de la nueva gestión pública a nivel mundial tuvo en sus inicios el objetivo de reducir el tamaño del Estado a través de políticas neoliberales. Sin embargo, esta propuesta se modificó. Hoy, no precisamente busca una reducción del aparato público, sino que pone de manifiesto la necesidad de hacer Estados más eficientes, más cercanos a la ciudadanía, con capacidad de respuesta, con servidores públicos especializados, estructuras más flexibles y menos burocráticas.
Este nuevo modelo de gestión en la administración pública, evidencia la generación de nuevas ideas que busca dar solución a una constante y marcada preocupación generalizada sobre los cambios que el entorno exigía y sobre la necesidad imperiosa de repensar el papel del Estado; con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios públicos, con el objetivo de optimizar el desempeño de los empleados públicos y de las organizaciones en las que trabajaban.