El caso de la reapertura de las paradas del Sistema Intermodal de Transporte Urbano (SITU) de la ciudad de Loja que fue remitido a la Corte Constitucional (CC), el miércoles 20 de julio, la entidad admitió la demanda. Jurista patrocinador señala que en unos 2 a 3 meses podría conocerse el fallo.

Circunstancias

En el 2020, las paradas fueron cerradas por motivos de la pandemia, sin embargo, cuando se autorizó su apertura, el Consorcio de Transportistas Urbanos “Ciudad de Loja” no lo hizo -alegando que no cuentan con los recursos para cambiar el sistema porque el pago ya no era con ticket sino con tarjeta; y, para contratación del personal que brinde la atención-.

Ante ello, la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Loja (Apdfil) preocupada porque presentaron una acción de protección con medidas cautelares en contra del Municipio de Loja y el Consorcio, en la audiencia el juez dispuso se abran las paradas de manera inmediata. Las instituciones apelaron el fallo.

En la sentencia de segundo nivel, la justicia otorgó un plazo de 40 días laborables para que realice la reapertura de todas las paradas. El plazo finalizó el 19 de julio y no hubo cumplimiento de parte de los dos entes.

El jurista Cristian Alverca Ordóñez, uno de los patrocinadores de los accionantes, señaló a Diario Crónica que realizaron los reclamos respectivos y se emitió un dictaminen negativo porque ellos no respondieron el por qué de la no apertura de las paradas y el juez derivó el caso al CC por acción de incumplimiento constitucional de sentencias y dictámenes de sentencia en primera y segunda instancia.  

“El 20 de julio fue sorteado el caso y estimo que habrá la sentencia en unos 2 a 3 meses, aunque puede ser hasta menos, todo depende de la carga procesal que tengan los jueces”.

A decir del jurista, la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales señala que, al no cumplir una sentencia de mandato, en este caso de resarcimiento de derechos de sus accionantes (activistas sociales y representantes de personas con discapacidad), establece la destitución de la autoridad nominadora que es la actual alcaldesa del cantón, Patricia Picoíta Astudillo; y, los representantes del Consorcio de Transportistas “Ciudad de Loja”, ya que la demanda fue contra el Municipio y al ente del transporte. Además, una posible una sanción pecuniaria.(I).

Dato  

La Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Loja, el 14 de julio de 2022, notificó que remitirá el expediente del caso a la Corte Constitucional.