Un nuevo amotinamiento en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Loja Nº 1 retomó el debate sobre el sistema carcelario en el país, cuyos problemas recurrentes siguen siendo el exceso de población, infiltración del crimen organizado y la falta de personal administrativo.

Sandra Jiménez Cabrera, quien dirigió el CPL Loja Nº 1 en diciembre de 2018, le dijo a Diario Crónica que, “la cárcel de la ciudad no es ajena a los problemas que se viven en otros centros penitenciarios del país”, ya que, desde hace varios años, las bandas delincuenciales estarían liderando el control interno, pero, además, sostiene que no existe una administración eficiente con personal capacitado. “No es tomar un centro de rehabilitación por cobrar un sueldo”.

Comentó que a Loja han llegado grandes dirigentes de bandas delictivas y con ellos también sus familias, “incluso escucho que están viniendo a provincias pequeñas porque para ellos no estaría siendo muy explotado el negocio”, sin embargo, comentó que el hacinamiento sería complejo en la cárcel de Loja, debido a que su población estaría sobre los mil detenidos, mientras la capacidad inicial no superaba las 400 personas. “Cuando estuve como directora, el hacinamiento era del 150%. Cuando se construyó el centro en 1954, su capacidad máxima fue de 450 internos, pero, en 2018 estaban 1200 privados de la libertad, entre hombres y mujeres”, recalcó.

Además, dio a conocer que los contratos para proveer suministros y alimentación en el sistema carcelario del país se realizarían a escala nacional. “En el gobierno del licenciado Lenin Moreno Garcés, se conoció que el contrato de alimentación, era del exministro del interior en el gobierno de Rafael Correa, José Serrano Salgado”, informó la exfuncionaria del CPL de Loja, añadiendo que todas las contrataciones vienen desde Quito.

El actual legislador Fernando Villavicencio Valencia, en la sesión No. 772, del 28 de mayo de 2022, en el pleno de la Asamblea Nacional, dio a conocer los vínculos que existirían entre los diferentes gobiernos y bandas delictivas. “El ministro del interior sabe que uno de los líderes de Los Choneros maneja la provisión de agua embotellada en las cárceles del país, y lo sabe el Gobierno. Y se preguntan ustedes, ¿cómo entran armas a las cárceles del país? Entran en las ollas de comida”, les dijo a todos sus colegas de la Asamblea. Luego se preguntó, “¿y cuál es la empresa proveedora de comida a los presos de todo el país?, La Fattoria, la misma empresa que desde hace algunos años tiene el contrato para ese servicio”, detalló el parlamentario, en el marco de los debates para la aprobación de la ley del uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional.

Según la página web oficial del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la población carcelaria en Ecuador, de enero a febrero de 2023, es de 31.387, con una capacidad instalada para 27.781 detenidos, con lo cual, la sobrepoblación es de 3.606, que representa 12,98%. Además, se da a conocer que, el número de guías penitenciarios a escala nacional es 2.937, de los cuales, 62 laboran en el CPL de Loja.

En abril de 2019, Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación, comentó en una entrevista nacional, que Ecuador requiere 10.000 guías para todas las cárceles, pero que, además, el hacinamiento superaba el 40%, ya que habría una población de 40.000 privados de la libertad. “Tenemos 1.500 guías con sueldo de USD 550, trabajando 36 horas seguidas, sin uniformes, sin equipamiento; cuando la norma internacional recomienda tener un guía penitenciario por cada diez presos”, afirmó.

Para el penalista Rodrigo Cajas Encalada, “el Estado ecuatoriano se ve incapaz de responder al auge delictivo con presencia de bandas criminales que están sembrando el terror, no solamente en las cárceles, sino en la ciudadanía en general”, y comentó que todas las conductas criminosas están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano —con penas elevadas—, sin embargo, “Ecuador se ha convertido en un país de paso y exportación de drogas en grandes cantidades, de carteles que funcionan en otros Estados y se disputan territorios que generan violencia y la producción de dinero está contaminando a los entes de control”, detalló.

Recomendó que la clase política “debe dejar de pelearse por intereses particulares y triviales, y que enfrenten, con una fuerza unificada, este fenómeno que amenaza con poner de rodillas al Estado”, finalizó. (I)