El Gobierno central, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), tendría un presupuesto cercano a los USD 13 millones para financiar proyectos sociales en beneficio de 12.077 niños; 9.715 adultos mayores; 2.307 personas con discapacidad; y, 1.162 casos de protección especial, en la provincia de Loja.

Juan Carlos Moreno, coordinador zonal 7 del MIES, le dijo a Diario Crónica que ya están trabajando con gobiernos parroquiales, municipales y prefecturas, en el financiamiento de los proyectos que benefician a la población vulnerable de la provincia. “El presupuesto asignado para 2023, en cobertura de servicios sociales es de USD 12’809.783, para beneficiar a más de 25.261 usuarios, en 625 unidades de atención”, ya sea a través de convenios o de manera directa, dijo el funcionario.

Informó que la Unidad Desconcentrada, cuya competencia es atender 9 cantones de los 16 de la provincia, habría firmado 121 convenios de cooperación con juntas parroquiales, municipios y prefectura. “El monto asignado supera los USD 7’000.000”, pero también dio a conocer que algunas entidades cooperantes aún no concluyen con la liquidación de los proyectos del año fiscal 2022. “Esto no constituye una traba para renovar los convenios para el presente año”, y añadió que serían pocos los casos en los que aún no se retoman las actividades en algunos cantones, como Puyango. “Las entidades cooperantes deben entregar la información necesaria, como requisitos básicos que están establecidos en el acuerdo ministerial 055, en su artículo 18”.

Comentó que los centros gerontológicos y de acogida no han interrumpido su atención durante todo el año. “Estos centros no han tenido ninguna paralización y hemos garantizado sus servicios”, no así en algunos proyectos de atención a personas adultas mayores en sus domicilios, donde aún estarían recabando la información necesaria para renovar los compromisos legales. “En los convenios de gasto corriente y de inversión, ya se han entregado los recursos para continuar con la atención a los sectores vulnerables”, destacando que, durante 2022, se habrían incrementado 11 unidades de atención domiciliaria para adultos mayores.

Finalmente, el funcionario dio a conocer que desde hace un año está en vigencia el uso de una aplicación móvil que permitiría hacer un control del trabajo en territorio de los técnicos y facilitadores de cada uno de los problemas sociales. “Nos permite georreferenciar la ubicación de nuestros usuarios, y hacer un escaneo facial de cada beneficiario; eso nos permite verificar el trabajo de cada tutor”.

Por su parte, Richard Leonardo Cali González, coordinador de Acción Social del Municipio de Saraguro, dijo que se han renovado todos los convenios para seguir atendiendo los sectores vulnerables en ese cantón. “Tenemos el programa de protección especial en erradicación del trabajo infantil y custodia familiar; atención al adulto mayor, en la modalidad de visita domiciliaria a personas con y sin discapacidad, y centro gerontológico; centro diurno para personas con capacidades diferentes, proyecto de desarrollo infantil, y entrega de ayudas técnicas”, los mismos que estarían funcionando con base en las prórrogas de los convenios firmados en 2022. “En algunos servicios estamos atendiendo, pero en otros estamos a días de finiquitar los convenios ya que nos demoró un tiempo la validación de perfiles de los nuevos profesionales que trabajarán en los proyectos”, aunque reconoció que está pendiente la liquidación de los convenios del año anterior.

En el caso de la parroquia El Cisne del cantón Loja, el presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado, César Uyaguari Carrión, informó de la terminación del convenio del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) para atender a la niñez de su jurisdicción, debido a que se habrían presentado irregularidades. “Había cuatros personas que trabajaban como técnicas para 7 niños, sin embargo, presentaban informes como si estuvieran trabajando con 20”, relató la autoridad, aduciendo alteración de información y firmas de respaldo. (I)