Luego de conocer el fallo de la Corte Constitucional (CC) en el que da el visto bueno para que la Asamblea Nacional lleve a juicio político al presidente Guillermo Lasso Mendoza, por el presunto delito de peculado, analizamos el tema desde la militancia del Movimiento Creando Oportunidades (CREO), los profesionales del Derecho y también del Periodismo, en la provincia de Loja.

El jurista Gustavo Ortiz Hidalgo sostuvo que era previsible la decisión del máximo organismo de interpretación constitucional ya que desde el inicio del tramite habría sido evidente la posición de la mayoría de los jueces. “Los jueces que salvaron su voto en el primer proyecto de resolución, era obvio que luego serían la mayoría para dar paso al pedido de la Asamblea Nacional”; y según el jurista, la decisión final de la CC de establecer el peculado como única causal, tiene su explicación lógica. “Este trámite debe ir a la asamblea y tendrá que darse la sustanciación de manera exclusiva sobre uno solo de los delitos de los que se le acusaban al presidente”.

Comentó que la Comisión de Fiscalización de la asamblea tendría treinta días para trabajar en un informe que debe ser presentado al presidente de ese cuerpo colegiado, pero que no será vinculante a la hora de tomar una decisión por parte de los legisladores. “Creo que la CC no debió admitir a trámite el juicio político porque es un mamotreto que, en ningún momento se establecía la singularización del delito y la responsabilidad del presidente de la República”, por lo que destacó su coincidencia con los tres jueces que han votado en contra en la CC. “El juicio político no es lo mismo que el penal, pero deben tener los suficientes indicios que lleven a concluir que el presidente se ha beneficiado económicamente de las contrataciones en las empresas públicas”, e insistió que finalmente, “la suerte de Lasso Mendoza depende de la dictadura de los votos”, aunque según su conocimiento, el presidente no tendría ningún impedimento para firmar el decreto de destitución de los asambleístas, hasta antes de la votación en el pleno legislativo.

Para Rolando Salazar Cueva, militante del movimiento CREO en la provincia de Loja, lo que está enfrentando el primer mandatario sería el resultado de sus propias decisiones, que han sido cuestionadas por la militancia desde el inicio de su gestión. “Desde el inicio no puso ‘mano firme’ para gobernar con su gente y más bien lo hizo con fuerzas políticas que no fueron parte del proceso para llegar a la Presidencia”, pero también recalcó que todos esos errores se habrían acumulado hasta llegar al enjuiciamiento político. “A pesar de que tuvo buena intención, no pudo cumplir sus propuestas y eso ha desencadenado en su enjuiciamiento; no esperábamos otra cosa, porque la designación de autoridades nos ha llevado a un ambiente muy peligroso”.

Reveló que el presidente Lasso Mendoza estaría solo en su batalla por defender el cargo ganado legítimamente en las urnas, ya que ni siquiera sus funcionarios, designados por voluntad política, estarían defendiéndolo. “No tiene buenos negociadores políticos y sus ministros debieron ser los principales asesores para estar en la palestra pública defendiendo al Gobierno. Ahora el señor Cucalón tiene algunas señales de poder dialogar políticamente”, cuestionó, al tiempo de preguntarse, “¿han escuchado a un ministro de Agricultura, Salud o Educación, saliendo a defender al presidente?, más bien están dedicados a designar funcionarios y a ver qué contratos”, y también se refirió a la provincia de Loja, donde no habría ningún funcionario hablando bien del Gobierno. “No hay ningún funcionario que con fundamento; con amor político por el país, por el movimiento o al presidente de la República, salga a los medios a defender. El presidente está terminado huérfano”, concluyó.

Según el periodista Pablo Sanmartín Rodríguez, la CC habría hecho respetar el ordenamiento jurídico vigente en Ecuador. “Se mantuvo la seguridad jurídica porque incluso la CC exhorta a los demandantes para que no se hagan conjeturas del ordenamiento jurídico que no debe ser manipulado o malinterpretado”, señaló, al tiempo de advertir que el mal uso del Derecho sienta un mal precedente en la institucionalidad del país.

Dijo que las pruebas que se puedan aportar en el litigio político no deberían consistir en capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales o fotografías tomas al azar, sino documentos, incluso notariados. “Es una manera de determinar si las pruebas son reales porque debe prevalecer la seguridad jurídica y el respeto a las normas constitucionales y el debido proceso”, finalizó. (I)