El combate a la corrupción tiene mucho eco en la ciudadanía que no tiene el poder de decisión, sin embargo, en las entidades de justicia, los justificativos siguen siendo la falta de normativa jurídica y poder político para sentar precedentes en el mal uso de fondos públicos o abuso de poder.

Edison Padilla Lalangui, exdirector provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Loja (Cpccs), le dijo a Diario Crónica que “la corrupción es considerado como un cáncer social”, por lo que en léxico del ciudadano común y corriente estaría normalizada la discusión sobre el mal uso de fondos públicos. “Día tras día salen a la luz pública las denuncias y procesos de investigación, pero no hay políticas públicas fuertes ni leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, para tomar correctivos ágiles y severos para contrarrestar ese mal social”, pero, además, recordó que las instituciones de control no habrían cumplido con el rol para el que fueron creadas.

Resaltó la creación de la Función de Transparencia y Control Social, así como el Cpccs, quienes contarían con potestad para investigar hechos irregulares, pero que jamás llegaron a ejercerla. “No existe normativa que permita hacer efectiva esa facultad de ejecutar procesos de investigación hasta las instancias sancionatorias”, circunstancia que, según nuestro entrevistado, se debería a los vacíos legales existentes en la legislación ecuatoriana. “Quienes aprueban leyes tienen manchadas sus manos porque también han sido parte de redes de corrupción y tráfico de influencias, y por lo tanto es imposible que ellos quieran ajusticiarse”, precisó.

Padilla Lalangui resaltó las iniciativas ciudadanas activadas para hacer uso de un control social a través de veedurías, defensorías comunitarias, en cuyos casos tampoco habrían podido cristalizarse ninguna sanción. “Esta misma normativa es escueta y vacía, frente a los resultados con responsabilidad dolosa de ciudadanos involucrados, ya que dichos procesos no son vinculantes”, y a decir de nuestra fuente, la población se habría “desencantado” de hacer uso de esos espacios de participación ciudadana. “Cuando vemos que el sistema de justicia no sanciona a los culpables y los corruptos salen de la cárcel a disfrutar del dinero mal habido, la ciudadanía se decepciona”, recalcó.

Asimismo, hizo un llamado a los ecuatorianos para evitar normalizar la corrupción, ya que eso afectaría al desarrollo de los sectores sociales más pobres. “No se puede aceptar esa lógica del ‘robó, pero hizo obras’ porque afecta a otros sectores sociales y hay que exigir a las nuevas autoridades un mayor control y buen uso de los recursos públicos”, finalizó.

Según U-Report, un servicio de mensajería gratuito, seguro y anónimo dirigido a adolescentes y jóvenes de América Latina, la corrupción sería una de las primeras preocupaciones de los jóvenes del país. “Este interés se reflejó en una encuesta de U-Report Ecuador sobre el proceso electoral de 2021 en la que el 19,2% de los adolescentes y jóvenes que la respondieron, dijeron que el tema que más les preocupa es la lucha contra la corrupción”. Además, “el abuso de poder, la falta de transparencia en la administración pública, la desviación de fondos y otros, son temas alarmantes porque además de generar desconfianza en la gestión del gobierno, afecta a la consolidación de la democracia en el país”, reza el boletín de esa entidad de consulta ciudadana. (I)