A criterio de entendidos en materia de seguridad, no habría las condiciones para que Ecuador luche favorablemente contra la delincuencia —con medidas como sacar los militares a las calles o el retorno de portar armas, por parte de los ciudadanos—.

El presidente Guillermo Lasso Mendoza, en cadena nacional del último fin de semana, anunció el retorno al porte de armas, sustentado en el artículo 17 de la Ley de Armas, el que define las armas de fuego de uso civil que pueden tener o portar los ciudadanos, cuyas características, diseño, procedencia y empleo, están autorizadas por autoridad competente, clasificadas en defensa personal, uso deportivo, colección y seguridad privada. Las mismas que pueden ser pistolas hasta el calibre 9 mm; semiautomáticas, con alimentadoras de hasta diez proyectiles; revólveres, hasta el calibre 38; escopetas recortadas, calibre 10 al 410 o sus equivalentes; como otras armas, previa autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Para el teniente coronel en servicio pasivo, y abogado en libre ejercicio, Geovanny Guzmán Cárdenas, la decisión del presidente sería acertada debido a las condiciones favorables que genera en la ciudadanía la opción de proteger su integridad, sin embargo, el combate a la delincuencia requeriría de una decisión para cambiar la estructura institucional. “Para el delincuente no hay ley para el uso de armas, pero con el decreto sí se está dando la facilidad que los ciudadanos puedan defenderse; aunque no es nada nuevo, ya que hasta 2009 sí teníamos la posibilidad portar un arma de defensa personal”, comentó, al tiempo de insistir que no es una medida masiva, sino para quienes puedan cumplir con los requisitos.

El experto también explicó que la medida de sacar los militares a las calles serviría como un mensaje disuasivo para la delincuencia común, ya que no están autorizados para hacer uso de su arma de dotación. “Los militares tendrían que tener armas para neutralizar porque ese es el objetivo de las armas de dotación, por eso está regulado”, precisó, añadiendo que la presencia de uniformados de las Fuerzas Armadas genera mayor confianza en la ciudadanía. “Tiene que haber una decisión política para que haya reformas en materia de legislación y justicia; apoyo logístico, no solo de palabras sino en la práctica, y, cuando todo eso pase, se puede pensar que se van a enfrentar al crimen organizado de una manera óptima”, detalló.

Cuestionó la falta de coherencia en las leyes para la seguridad de los ecuatorianos, ya que las mismas tendrían preferencias para quienes delinquen y no así para los integrantes de las fuerzas del orden. “La ley de uso progresivo de la fuerza, la hicieron más bien para que salga beneficiado el delincuente y perjudicado el uniformado”, e insistió en la necesidad de contar con reformas constitucionales que respalden el trabajo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, pero también rebatió la entrega de patrulleros repotenciados. “Eso es una afrenta y no estar preparados para los niveles de violencia que está viviendo Ecuador”.

Guzmán Cárdenas recomendó algunas acciones que permitirían encausar el rumbo del país en temas de seguridad ciudadana. “Deben sacar las ‘garras’ políticas de las instituciones, devolviéndoles la personería jurídica a las fuerzas del orden, entregar las condiciones necesarias, quitar las ‘uñas’ políticas de Inteligencia de la policía y fuerzas armadas, porque ya pasamos de pandillas a bandas criminales radicadas en otros países”. Además, recordó que quienes aspiran regresar al poder, serían quienes socavaron la institucionalidad en materia de seguridad. “Quienes hicieron pacto con los Nietas, Latin Kings; incluso integrantes del extinto grupo terrorista Alfaro Vive Carajo, toda esa gente nos gobernó, a incluso les entregaron condecoraciones mientras encarcelaban a miembros de la policía y fuerzas armadas; eso es lo que tenemos ahora”, se cuestionó.

Otra de las novedades del Decreto presidencial, es que en su artículo 4 hace referencia a la Vigilancia Fija de las compañías privadas, quienes serían responsables de los puestos de vigilancia, y sus alrededores, de conformidad con las recomendaciones de seguridad y las disposiciones legales, con el objeto de brindar protección permanente a las personas naturales y jurídicas. Y agrega, “las funciones del personal de vigilancia y seguridad privada, se realizarán dentro y en los alrededores del recinto o área de cada empresa, industria, establecimiento comercial, edificio o conjunto habitacional contratado, debiendo únicamente en estos lugares portar los elementos de trabajo, uniformes y armas debidamente autorizadas”. (I)