Luis Hernán Cisneros Jaramillo, delegado provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE), estuvo en el programa Ojo Crítico, de Diario Crónica, en el que dio a conocer la gestión administrativa que vienen ejecutando; así como también, algunas necesidades legales que permitirían mejorar los procesos de representación social a través de elecciones.

El funcionario anunció que, de acuerdo a una planificación nacional, se ha definido que el evento para la entrega de credenciales a las autoridades de Loja —electas el 05 de febrero— se realice el próximo 29 de abril en el teatro Benjamín Carrión Mora, a partir de las 10h00. “Son trecientas noventa y cuatros; de las cuales tenemos, prefecto y viceprefecta, 16 alcaldes, 39 concejalías rurales, 47 concejales urbanos y 390 miembros de gobiernos parroquiales”, precisó, añadiendo que la cifra llega de 4.770 tomando en cuanta a los ciudadanos que participaron en las elecciones como candidatos alternos de los ganadores. “Loja es una de las provincias que tiene más candidatos, solamente superado por Manabí”.

Comentó que se vienen cumpliendo cada una de las etapas planificadas, por lo que estarían receptando la información económica que deberán cumplir cada uno de los candidatos de todos los partidos políticos participantes en el proceso electoral. “Todos los candidatos que se inscribieron tienen necesariamente que presentar las cuentas de campaña, como establece la norma, cuyo plazo vence a finales del mes de mayo”, y reconoció que ningún excandidato se ha presentado hasta el momento. “A partir del año 2020 es una obligación que deben cumplir el candidato, representante legal, jefe de campaña, procurador común y el responsable del manejo económico de la organización política, porque la responsabilidad es solidaria y subsidiaria”, enfatizó.

Otra de las actividades en la que se estaría trabajando, en la delegación provincial de Loja, sería en la elaboración de expedientes de las denuncias de campaña anticipada y entrega de “dádivas”, antes y durante el procesos electoral último. “Estamos armando todos los expedientes con las pruebas que tenemos, ya sea por precampaña, como también por el uso de recursos públicos en campaña electoral y entrega de dádivas” y resaltó que dichas actividades son catalogadas como graves en el Código de la Democracia, y cuya sanción terminaría destituyendo autoridades. “Tenemos varios expedientes y esperamos reunir todas las pruebas para enviar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en un solo expediente; y la ciudadanía estará informada sobre el día que se vaya a presentar la denuncia”, señalando que, en caso de no poner en conocimiento de la máxima autoridad electoral las denuncias ciudadanas, el funcionario podría ser destituido del cargo.

Cisneros Jaramillo explicó que el número de cambios de domicilio se habría reducido un 50% debido a varios factores, entre los que consta el tiempo necesario para que el nombre del ciudadano esté registrado en el padrón electoral de lugar donde tiene la voluntad de sufragar. “En otras ocasiones teníamos cerca de 30.000 cambios de domicilio y ahora registramos 16.000, y quizá esto se deba a que hoy en día necesita hacerlo un año antes de las elecciones”, pero además, desde el CNE se notificaría a cada organización política para que hagan uso del derecho de objetar dichos movimientos de votantes. “Ellos tienen el tiempo suficiente para reclamar sobre algún cambio de domicilio que no esté dentro de la normativa, si los reclamos son posteriores a las elecciones, ya no se los puede hacer”, refirió.

Asimismo, expuso que hay temas pendientes en materia de regulación y legislación para mejorar los procesos de elecciones, en la que se priorice la formación y educación ciudadana para un mejor uso de los derechos y responsabilidades como ciudadanos. “No solamente la formación política ideológica, sino la de carácter técnico, relacionado a elecciones primarias, alianzas electorales e inscripción de candidaturas”, cuyas responsabilidades estarían a cargo de las organizaciones políticas, que, a decir de nuestro entrevistado, se ha reflejado también la necesidad de capacitar a los candidatos. “Se les complicó la conformación de listas, porque no tenían cuadros, a pesar que la ley fue reformada en 2020”, agregando, también, la necesidad de adaptarse a los nuevos parámetros en la comunicación política. “Tomar en cuenta los debates como un tema fundamental, así como las responsabilidades de la organización”.

Finalmente, destacó la importancia de general una normativa que permita controlar las campañas anticipadas a través de redes sociales. “Necesitamos una pauta jurídica para normar el buen uso de redes sociales, así como lo tiene México y que sí es posible llegar a un acuerdo con las corporaciones para que se controle las campañas electorales”. (I)