El 17 de marzo de 2008, en la ciudad Cariamanga, cantón Calvas, se desbordó la quebrada Las Totoras, cobrándose la vida de cuatro personas; consecuentemente empezó, por un lado, el viacrucis de las familias que perdieron sus hijos, de los moradores aledaños a la catástrofe provocada por las lluvias; y por contraste, la buena temporada para los contratos de miles y millones de dólares, manejados desde Quito, cuyos rostros siguen invisibles al igual que la solución definitiva.

Han pasado 12 años desde que inició el primer contrato para encauzar la quebrada Totoras y los problemas legales y técnicos se han sucedido unos a otros; siempre contratados desde arriba; con inversión inicial de USD 3’800.000, luego USD 13 millones, y según un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), “Examen especial de ingeniería al proceso precontractual que incluye los estudios y diseños; a la ejecución del proyecto de construcción del nuevo túnel de 715m de longitud y el revestimiento de 800m del cauce aguas arriba del túnel en la quebrada Totoras; y, a los contratos de fiscalización-2012”, al momento sumarían USD 16’971.335,78; pero además, revela una “danza” de ilegalidades e incumplimientos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El informe de CGE determina que, “los estudios realizados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) tenían observaciones de la SNGR que no fueron corregidos”; asimismo, señala que la SNGR contrató la obra sin estudios completos; una declaración de emergencia de 2012 para contratar la construcción y fiscalización del proyecto totoras habría carecido de oportunidad; pero además, los miembros de las comisiones de calificación y adjudicación de contratos de emergencia de institución de riesgos, “no han analizado la capacidad técnica, legal y económica, ni la experiencia de las empresas asignadas a la construcción y fiscalización del túnel de 715m y el recubrimiento de 800m del cauce de la quebrada Totoras”.

Del mismo modo, se da a conocer la falta de oportunidad en la contratación de la fiscalización del contrato de emergencia en 2012; falencias en la fiscalización asignada a un solo profesional de la SNGR, liquidación técnica del contrato, con evidencias de pago de rubros que no cumplen especificaciones técnicas y cantidades superiores a las ejecutadas; muros laterales de un tramo del canal de descarga de la quebrada no serían verticales, pero además, la SNGR no contaría con archivos especializados del proyecto; y finalmente, “en el portal de compras públicas no se han publicado los contratos suscritos para la ejecución del proyecto” y terminaciones unilaterales de los contratos de 2012 y 2015.

Para el exasambleísta y exprefecto de Loja, Rubén Bustamante Monteros, sería el cumplimiento de la máxima de aquello que “lo que mal empieza, mal termina”. En declaraciones para Diario Crónica, comentó sobre las irregularidades detectadas desde el génesis de la tragedia. “Desde el inicio partió mal, porque no se hizo los estudios con la ingeniería adecuada, fallas técnicas, varias empresas incumplidas y nunca se tomó las decisiones adecuadas para corregir el problema”, además, argumentó los inconvenientes del suelo en dicho lugar. “Es una quebrada complicada porque trae muchos sedimentos y de varias características, lo que hace que terminen taponando el cauce”, e insistió en las fallas de todos los funcionarios involucrados en la contratación y fiscalización de la obra. “Hay fallas de contratistas, fiscalización”, y cuestionó a los técnicos de las empresas contratadas para vigilar la construcción. “Son terribles, o se hacen parte del problema o tapan las irregularidades”, precisó.

Recomendó volver a hacer estudios integrales como una salida para finalizar la obra, ya que los problemas legales por incumplimientos institucionales estarían vencidos porque vencida está la ley que determinaba responsabilidad hasta 5 años después de las decisiones tomadas por los funcionarios públicos. “La SNGR tiene mucho de culpa en este problema porque ellos debieron estar al frente de todo para solucionar el problema”, ratificando el señalamiento por las falencias en todos los procesos de construcción del túnel Las Totoras. “Desde los procesos contractuales iniciales y fiscalizaciones que no han servido para nada; por eso es un fracaso total y una pérdida de tiempo tremenda”, finalizó.

Según Mario Benavides Rojas, coordinador zonal 7 de la SNGR, quien también se desempeñó en dicho cargo durante el periodo 2012-2015, todos los procesos contractuales para la construcción del túnel en la quebrada Totoras en la ciudad de Cariamanga del cantón Calvas, se habrían realizado en la oficina matriz de la institución, al extremo de que el funcionario ha tenido conocimiento de la construcción de la obra, luego de iniciados los trabajos en el sector. “La doctora María del Pilar Cornejo fue la secretaria nacional, desde 2009 hasta noviembre de 2015”, sostuvo.

El abogado en libre ejercicio, César Guerrero Cueva, le dijo a Diario Crónica que los procesos penales o responsabilidades civiles de los funcionarios deben estar determinados por la CGE a través de sus informes. “Las responsabilidades penales prescriben en 10 años, excepto peculado, cohecho y concusión porque son imprescriptibles”, e hizo énfasis en el requisito principal de responsabilidad por parte del órgano de control. “Es un acto de prejudicialización necesario para poder imputar el acto de contratación irregular”, declaró. Explicó también, que las declaratorias de emergencia tienen otra dinámica y, por lo tanto, se requiere una consultoría previa para firmar un contrato de obra, la misma que permita determinar la forma y mecanismos de ejecución. “Cuando se declara en emergencia, la autoridad pública es la responsable de todo el procedimiento”, y finalizó resaltando que, “para este tipo de circunstancias seguimos siendo ‘el último rincón del mundo’ y la gente ve una desgracia como una oportunidad comercial”.

Con fecha 13 de abril, en la sesión Nro. 863 de la Asamblea Nacional (AN), se aprobó la resolución que exhorta al presidente Guillermo Lasso Mendoza, para que se declare en emergencia por fuertes lluvias al cantón Calvas, “y disponga la comparecencia personal e indelegable al pleno de la AN, al director de la SNGR referente a la construcción del proyecto de encauzamiento de la quebrada Totoras”, pero que además, deberán comparecer el alcalde Alex Padilla Torres y los miembros del Cabildo, a propósito de su negativa en aprobar una resolución cantonal, autorizando al primer personero municipal, la gestión de un crédito cien por ciento no reembolsable en el Banco de Desarrollo de Ecuador (BDE), para la contratación de la actualización de los estudios que permita volver a contratar la obra. (I)