¡Algo faltó presidente!

La autorización del presidente Guillermo Lasso sobre la tenencia y porte de armas de uso civil mediante el decreto presidencial 707 para defensa personal, ha desatado polémica; para enfrentar la inseguridad que vive el país como la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Este decreto solucionará el problema de inseguridad en el país? De ninguna manera. Esta medida, en lugar de frenar las transgresiones, podría provocar más violencia social y familiar, porque permitiría que los facinerosos a su albedrío dispongan de todo tipo de armamento letal; y también acrecentaría las ganancias de los fabricantes de armas.

Desde 1830 tenemos esta facultad. El porte de armas en Ecuador está contemplado en la legislación, pero en 2009 fue suspendido, por el presidente Correa, mientras la tenencia de armas se mantuvo bajo ciertos requisitos.

En Estados Unidos, el libre porte de armas de fuego no incrementó la seguridad. En Gran Bretaña, Japón y Australia, al contrario, se reportó una reducción importante de los delitos violentos luego de que se limitó el porte de armas. El incremento de armas en la sociedad añade problemas cuando no existen estructuras institucionales fuertes; es claro que el Ecuador no ha tenido, y no tiene, una política integral de seguridad ciudadana. Aun cuando algunos admiran el modelo autoritario de Bukele, su principal asesor, en materia de seguridad, ha dicho claramente que armar a la sociedad sin fortalecer las respuestas institucionales, entre ellas fortalecer a la policía, es un error.

Sin embargo, en el contexto de una sociedad dominada por la narcodelincuencia, no es la solución que los ciudadanos se armen y ellos mismos se defiendan; aunque cumplan con requisitos exigentes, más bien, es la muestra de un Estado fallido y que ha perdido la posibilidad de cuidar y proteger a las personas.

El artículo 158 de la Constitución establece que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Por lo tanto, no puede atribuirse este encargo a la ciudadanía. Ecuador, y en general Latinoamérica, es una región marcada por la pobreza, la desigualdad y la inseguridad.

El presidente Lasso debió atacar a la delincuencia, asimismo generar políticas públicas integrales, compartiendo responsabilidades con su gabinete de ministros, la Asamblea Nacional, la función judicial, el consejo de participación ciudadana, la función electoral, el Ejército, la Policía, la academia y la sociedad en general. Es decir, para que haya un trabajo en conjunto y no aislado. La delincuencia tuvo mayor incidencia desde hace 15 años cuando se extendió la ciudadanía universal a extranjeros inescrupulosos y hasta se eliminaron los controles militares en Manta; so pretexto eufemístico de “soberanía”.

Temíamos que las mafias delincuenciales que se tomaron las cárceles del país; podrían proyectarse hacia la sociedad. Lamentablemente está ocurriendo y, lo que es peor, ha llegado hasta los centros educativos en donde existen bandas que se disputan sus dominios, venden y consumen drogas y hasta portan armas; verdades que por omisión o complicidad las autoridades se hacen de la vista gorda.

Loja, 16 de abril de 2023