El juicio político al presidente Lasso Mendoza tiene más evidencias en contra de quienes lo demandan, que para demostrar su culpabilidad política.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (AN) está en la última semana de comparecencias de personas involucradas en el proceso de enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso Mendoza, por una supuesta responsabilidad política en la vigencia de un contrato petrolero entre la empresa pública, Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la privada Amazonas Tankers; sin embargo, la asambleísta demandante, Mireya Katerine Pazmiño Arregui, acaba de ser demandada por el mismo caso, pero en la Fiscalía General del Estado.

Pazmiño Arregui, quien también preside la Comisión de Régimen Económico, habría aprobado con su firma y respaldo en octubre de 2022, un informe no vinculante en el que resaltaría las acciones de Flopec, incluyendo su relación contractual con Amazonas Tankers. Dicho documento ha sido aprobado por la presidenta de la comisión, el asambleísta socialcristiano Johnny Terán, y los correístas Blasco Luna, Jahiren Noriega y Ana Herrera; mientras que, los oficialistas Eitel Zambrano, Guido Chiriboga, Blanca Sacancela y el lojano Byron Vinicio Maldonado Ontaneda, han votado en contra, cuya gravedad de lo actuado sería el cometimiento del delito de “falsificación y uso de documento falso” y “tráfico de influencias”, ambos penados con cárcel de tres a cinco años, ya que no habría sido elaborado por los integrantes del organismos interparlamentario sino por extraños al poder legislativo, y más bien, vinculados a la petrolera privada.

Según el Art. 328, del COIP, sobre la falsificación y uso de documento falso, tipifica como “la persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”. Además, se da a conocer que, un ciudadano “particular o funcionario público que, fuera del ejercicio de sus funciones, hiciere un documento público falso o alterare un documento público verdadero, será castigado con dos a seis años de penitenciaría”. En caso de documentos privados la pena sería de tres a cinco años de cárcel.

El asambleísta por la provincia de Loja, Maldonado Ontaneda, ponderó lo actuado por quien denuncia políticamente al presidente Lasso Mendoza, en un caso contractual del que antes respaldaba su vigencia y permanencia. “La Ley Orgánica de la Función Legislativa y su reglamento, establecen que los informes de las comisiones son responsabilidad del presidente/a, los mismos que siempre serán elaborados con la asistencia técnica de los asesores de la comisión respectiva, en conjunto con los equipos de cada asambleísta”, por lo que ese protocolo no se habría cumplido en el tema que representa la joya de la corona del juicio político. “Ese informe dice que se mantenga los contratos entre Flopec y Amazonas Tankers, mientras en el juicio, la señora dice que existe peculado”, precisó.

A decir del asambleísta lojano, dicho documento habría llegado a sus manos redactado en su totalidad, por lo que, en la votación del mismo, él ha optado por la abstención. “No tenemos idea de quién lo elaboró, pero según el asambleísta independiente, Fernando Villavicencio Valencia, quien ha presentado una denuncia penal diciendo que tiene elementos de convicción, serían unos señores Naranjo, quienes habría realizado dicho texto”, detalló, al tiempo de ponderar la sanción que se podría generar en el caso denunciado. “Puede ser una causal de remoción del cargo en virtud de la inobservancia de la normativa que prohíbe expresamente a los legisladores, crear recursos para proveedores del Estado”, cuya actuación dejaría sin argumentos a quienes intentan destituir al presidente vía parlamentaria. (I)