El proyecto de almacenamiento de combustibles en el cantón Cuenca, construido por las manos del movimiento Revolución Ciudadana continúa con problemas de hundimientos, lo que obliga a las autoridades a reubicarlas.

La empresa pública de petróleos, Petroecuador, anunció la reubicación de dos bombonas para almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP), hacia la provincia del Guayas, luego de agotar los esfuerzos técnicos y económicos para intentar salvar toda la infraestructura de la Terminal de Productos Limpios de Cuenca, que es parte del poliducto Pascuales.

Una obra que se hunde

La obra fue construida en el gobierno de Rafael Correa Delgado, por la brasileña Odebrecht, cuyo máximo ejecutivo en Ecuador confesó haber entregado varios cientos millones de dólares en coimas para acceder a contratos con el Estado. En enero de 2023, las autoridades del ramo hicieron un recorrido con la prensa y uno de los principales hallazgos, fue la identificación de deficiencias de construcción que comprometía la estabilidad de su infraestructura; y, según la página web de Petroecuador, la situación sería “extremadamente delicada” ya que “no cumple con estándares internacionales para la operación, además de daños en los suelos que comprometen la estabilidad de esferas y tanques de almacenamiento de dicha instalación hidrocarburífera. Además, habría daños en los sellos, bombas y válvulas de operación, por lo que su funcionamiento sería del 50% de su capacidad nominal de bombeo. El costo de mejoramiento de la infraestructura sería de USD 48 millones y la construcción de una nueva instalación, por un valor de USD 201 millones.

El 22 de marzo, a través de la cuenta oficial de Twitter de Petroecuador, se daban a conocer los trabajos de desmontaje de las bombonas de gas, anunciando que, “continúan con las labores para el desmontaje de las esferas en el Terminal Cuenca, Azuay. Se realiza el movimiento de tierras con la finalidad de habilitar la vía de acceso y estabilizar el área donde se va a trabajar con las grúas; así como también, se lleva a cabo la preparación de terreno y la construcción de canales de desviación de aguas lluvias provenientes de las montañas posteriores al área de las esferas”, reza el comunicado en redes sociales.

Asimismo, se ha advertido que el contrato para el desmontaje, traslado e instalación de las esferas de GLP tendría un costo de USD 20,6 millones. Su plazo de ejecución sería de 510 días, desde febrero de 2023. Los recursos para esos trabajos han sido considerados dentro del proceso judicial que el Estado ecuatoriano inició contra Odebrecht por daños y perjuicios. Las esferas serán llevadas al terminal de GLP de El Chorrillo, en Guayas.

Defensa de la terminal

En ese contexto, un grupo de ciudadanos del Azuay se han reactivado como colectivo denominado “Por Cuenca”, y están realizando una campaña de difusión de lo que consideran como una decisión negativa para provincias como Loja. “Lo que más nos preocupa a la región sur del país es el desmontaje del reservorio de gasolina y diésel” dijo Teresa Bermeo Pesantez, vocera del grupo ciudadano, quien llegó hasta la ciudad para cumplir con una agenda de medios y difundir la noticia.

A su criterio, las repercusiones para Loja serían negativas, ya que se afectaría el abastecimiento de gas y también de combustibles líquidos. “El diésel y la gasolina ya no serán traídos desde una parte más cercana, con 6 horas de transporte, sino desde el Guayas con una demora de 10 horas”, lo que incrementaría el peligro en las vías e incremento del costo en la canasta básica, según su juicio. “No solamente se afecta a Loja, sino también Morona Santiago, Cañar y una parte de Zamora”, e insiste en la hipótesis del desmontaje de toda la planta.

La vocera del colectivo cuencano comentó que, de existir hundimientos del terreno en dicha obra, se debería reubicar en cualquier lugar de la provincia del Azuay o Cañar, pero no estarían de acuerdo con el trasladado a la Costa. “Lo que nosotros pensamos es que es una decisión política y económica de las mismas mafias de siempre, relacionadas al monopolio del transporte de combustibles”, precisó.

La opinión local desmiente la hipótesis azuaya

Este medio consultó sobre los efectos de dicha decisión a un expresidente de la Asociación de Gasolineras, quien supo manifestar que históricamente Loja se viene abasteciendo de combustibles vía terrestre, por lo que no sería mayor problema el transporte de los combustibles líquidos desde La Troncal o Pascuales, en Guayaquil. “Habría un incremento mínimo en el flete, pero no es mucho”, relató.

“En el gas tampoco es problema porque las esferas que están trasladando de Cuenca a Guayaquil solo abastecían a los cuencanos, ya que Loja trae desde Guayaquil siempre”, por lo que remarcó que es un problema local en la provincia del Azuay.

Observatorio anticorrupción

Según el Observatorio Anticorrupción de Ecuador, en el Poliducto Pascuales – Cuenca, “los estudios de Ingeniería Básica y de Detalle realizados por Caminosca S.A tendría un valor aproximado de USD 370 millones”; sin embargo, según la fiscalizadora, Egis Internacional, debido a las fallas técnicas y mecánicas, Petroecuador habría desembolsado USD 126 millones adicionales para que la obra pueda ser construida por Odebrecht.

Mientras tanto, en la auditoría realizada por la empresa ABS Consulting, con el apoyo del PNUD, el costo total unitario del Poliducto sería elevado en 150%, y según la Contraloría General del Estado, por las fallas estructurales, hasta 2020 se habían gastado USD 90 millones en obras —que no aportaron soluciones concluyentes a las falencias del Poliducto—, por lo que tiene un “alto riesgo de colapso total” debido a la inestabilidad de los taludes y fallas estructurales que afectan al suelo de la cimentación. (I)

Dato

Los cuarteamientos y hundimientos del terreno, donde se ha construido la obra, han obligado a funcionar al 50% de su capacidad.