Antonio C. Maldonado V. 

Entre una mezcolanza de resoluciones que debían adoptarse en la Asamblea Nacional, esto es la sucesión de la Presidencia y más dignidades de la Función del Estado, se llevó a efecto la aprobación del Informe de la Comisión para el enjuiciamiento del presidente de la República Guillermo Lasso Mendoza, como en efecto sucedió, pero fue negado; para todo, eso negociaron entre las distintas bancadas parlamentarias el reparto del botín nacional, apareciendo como siempre los “camaleones políticos” que serán indudablemente los beneficiarios de esos amarres. 

Este episodio de la vida nacional mantiene preocupado a un sector de la ciudadanía sin saber a futuro que puede pasar, porque el Gobierno nacional sigue laborando como si nada hubiese acontecido; por otra parte, la gran mayoría de ciudadanos y una vez que han tomado posesión ante los organismos pertinentes en cada localidad a los triunfadores que participaron en la última contienda electoral en la elección de los dignatarios de los gobiernos seccionales los mantiene alertas para enrolarse como integrantes de los grupos que auspiciaron ya sea ora con su presencia partidista, egresos económicos o en cualquier otra forma el triunfo de sus candidatos, para recibir el beneficio al que consideran tienen derecho: ya sea con jugosos empleos para sí o familiares y amigos, con contratos de toda forma; en fin, las múltiples formas que la tradición ha impreso y la ciudadanía acepta justificando a las nuevas autoridades que deben contar con elementos preparados y de su confianza en la administración que les ha otorgado mayoritariamente el soberano. 

Los funcionarios gubernamentales frente a lo sucedido ya con anterioridad, al igual que varios legisladores, no solo de su agrupación política, defendían al presidente de la República con el argumento de que no ha existido ningún delito de peculado y varios abogados, especializados en la rama del Derecho Constitucional, han explicado por los medios de comunicación a la ciudadanía que es un absurdo no solo lo que defienden los partidos de la oposición sino algo que es sumamente grave y hasta vergonzoso que la Corte Constitucional, en una forma ambigua, sin determinar con precisión cual es el delito que se ha cometido el presidente, puede ser llamado a juicio. 

Esperemos que en los próximos días no se produzca la bautizada “muerte cruzada” con la que a nadie se mata materialmente, eso sí al pueblo ecuatoriano, que con esos procedimientos que quieren convalidar los írritos y nulos procesos, lo “matan de iras” o a lo mejor alguna dictadura que puede ser blandas o duras como aconteció antes de convertirnos en Estado de Derecho; lo que ha resultado una simple teoría como la Constitución vigente que solo sirve para lo que les conviene circunstancialmente a los grupos de poder y debe reformarse en lo que no le sirve.