En Latinoamérica, sin obviar a nuestro país, el accionar del Estado siempre ha estado condicionado por un discurso político populista: el paternalismo, que tanto mal sigue reproduciendo tanto a nivel político social como político institucional. Es decir, el populismo invita a soñar u ofrecer que el Estado debe estar presente en todo y, por ende, proveer de todo tipo de bienes y servicios, aun cuando estos por un principio de beneficio o capacidad de pago, pueden ser provistos por sectores de la sociedad y el mercado. Este discurso y adoctrinamiento crea un ambiente de falta de confianza institucional.

La obra pública local desempeña un papel fundamental en el desarrollo y el bienestar de una comunidad. La construcción y el mantenimiento de infraestructuras como carreteras, puentes, escuelas, hospitales y sistemas de saneamiento son esenciales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, la financiación de estas obras y la toma de decisiones relacionadas con ellas son cuestiones cruciales que deben abordarse de manera adecuada para garantizar el éxito a largo plazo. Es necesario dejar atrás el paternalismo en la toma de decisiones para empoderar a la ciudadanía y promover la responsabilidad compartida en la planificación y ejecución de proyectos públicos.

La financiación de la obra pública local depende en gran medida de los impuestos y tasas que pagan los ciudadanos. Estos recursos son esenciales para la ejecución de proyectos que beneficien a la comunidad en su conjunto. Sin embargo, para que esta contribución sea efectiva y justa, es necesario que se administre de manera transparente y eficiente. Esto implica la asignación de recursos a proyectos prioritarios y la rendición de cuentas por parte de las autoridades locales.

La ciudadanía debe estar informada sobre cómo se utilizan sus contribuciones fiscales y tener la certeza de que se destinan a obras públicas que responden a las necesidades reales de la comunidad. La participación ciudadana en la toma de decisiones presupuestarias es un paso crucial para asegurar que se respeten los intereses de los contribuyentes. Esto puede lograrse a través de mecanismos como conformación de comisiones ciudadanas, audiencias públicas, consultas ciudadanas y la promoción de la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

La administración eficiente de los recursos es un componente esencial de la obra pública local. La falta de eficiencia en la asignación de recursos puede resultar en el despilfarro de fondos públicos y proyectos mal ejecutados. Para evitar esto, es crucial implementar prácticas de gestión efectivas, como la planificación rigurosa, la supervisión constante y la evaluación de proyectos.

Además, la colaboración con el sector privado y la búsqueda de asociaciones público-privadas pueden ser estrategias efectivas para optimizar la inversión en infraestructuras. Estas asociaciones permiten aprovechar la experiencia y los recursos del sector privado, al tiempo que se mantiene la supervisión y el control público.

La confianza institucional es un factor crítico en la gestión de la obra pública local. Los ciudadanos deben confiar en sus autoridades locales para estar dispuestos a contribuir a través de impuestos y tasas y para creer que se utilizarán adecuadamente los recursos públicos. La transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación efectiva son elementos clave para construir y mantener esta confianza.

Las autoridades locales deben establecer mecanismos para informar a la ciudadanía sobre el progreso de los proyectos, los gastos asociados y los resultados alcanzados. Además, deben ser receptivas a las preocupaciones y sugerencias de los ciudadanos, fomentando una relación de colaboración.

Una de las cuestiones más importantes a abordar en la gestión de la obra pública local es el abandono del paternalismo en la toma de decisiones. Tradicionalmente, las autoridades locales han tomado decisiones de manera centralizada, sin involucrar a la ciudadanía en el proceso. Esto conduce a la falta de responsabilidad y a menudo resulta en la asignación de recursos a proyectos de dudosa utilidad.

En su lugar, se debe promover la participación ciudadana activa en la planificación y toma de decisiones relacionadas con la obra pública. La opinión de los ciudadanos debe ser valorada y tenida en cuenta en la identificación de prioridades y la definición de proyectos. Esto no solo empodera a la comunidad, sino que también ayuda a asegurar que las inversiones se alineen con las necesidades y deseos de los ciudadanos.

La obra pública local es esencial para el desarrollo y el bienestar de la comunidad, pero su éxito depende en gran medida de la contribución de la ciudadanía, la administración eficiente de recursos y la construcción de confianza institucional. Además, es imperativo abandonar el paternalismo en la toma de decisiones y promover una mayor participación ciudadana en la planificación y ejecución de proyectos públicos.

Cuando la ciudadanía se siente involucrada y confía en sus autoridades locales, se crea un ambiente propicio para la gestión responsable de la obra pública, lo que a su vez contribuye al crecimiento y el bienestar de la comunidad en su conjunto.