En el panorama político ecuatoriano, especialmente en el campo del municipalismo, la frase “legislar y fiscalizar” se ha convertido en una muletilla recurrente entre los concejales; que más que una guía para el ejercicio de sus funciones, parece ser una cortina de humo que oculta la falta de nivel intelectual y propuestas ciertas en el ámbito de sus competencias, de muchos de estos representantes locales.

En la práctica, esta expresión se ha transformado en una suerte de justificación artificiosa para acciones que, lejos de beneficiar a la ciudadanía, a menudo parecen más orientadas a cumplir agendas políticas particulares. Así entonces, la invocación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), la principal normativa que regula su accionar, se convierte en un escudo que resguarda sus decisiones alejadas de los intereses de la población.

A pesar de existir excepciones, donde algunos concejales demuestran un nivel intelectual y humano destacado; la realidad es que son una minoría frente a un escenario en el que la mediocridad del conocimiento impera. Este comportamiento politiquero, impulsado por el desconocimiento o afiliaciones partidistas, pone en riesgo a diversos sectores económicos, siendo el cultural uno de los más afectados.

Continuando, en el último trimestre de cada año, los concejos municipales deben aprobar el presupuesto para el año siguiente. En este proceso, la falta de comprensión sobre la cultura, el arte y sus aportes; por parte de los señores concejales, se convierte en una barrera infranqueable, impidiendo una legislación favorable para las nuevas matrices económicas. Concejalías desinformadas o que responden a intereses particulares, bloquean la asignación de recursos para proyectos en este campo. Negando a los territorios el acceso a sus derechos culturales. En consecuencia, las afectaciones directas recaen en los artistas y hacedores culturales, que se ven empujados al desempleo, la mala calidad de vida y la precarización laboral.

Los señores concejales deben entender que, legislar y fiscalizar, implica más que hacer oposición ciega a los alcaldes. Es un compromiso con la población, una responsabilidad que trasciende las alineaciones partidistas o de agendas propias. La falta de visión y comprensión de la importancia de la cultura como motor del desarrollo social, es una negligencia que afecta a todo un territorio. La cultura no es un lujo, sino un pilar importante que impulsa el progreso y la identidad de una sociedad.

Finalmente, es imperativo que los concejales eleven su estándar intelectual –salvando las excepciones—, superen las muletillas vacías y las agendas políticas individuales. Solo así, podrán cumplir con la verdadera misión de representar y velar por el bienestar de la población. El desafío está planteado; es hora de que “legislar y fiscalizar” deje de ser una frase trivial y se convierta en un compromiso genuino con el desarrollo integral de los territorios en todo el país.

Por: Lcdo. Ángel Orellana Flores.  

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