Santiago Armijos Valdivieso
El asalto en Guayaquil, a mano armada y dinamita con mecha pelada, al canal de televisión Telecentro, en pleno desarrollo de su programación; la toma de varios centros penitenciarios por delincuentes -con guías amarrados como rehenes-; la explosión de vehículos; y los asesinatos de policías y civiles; no es otra cosa que el corolario de una pesadilla de terror anunciada, entre otros antecedentes, desde el cierre de la Base Antidrogas en Manta por disposición de la Constitución de 2008, y el desmantelamiento de la Unidad de Investigaciones Especiales -dependencia autónoma de la Policía Nacional que trabajaba, con ayuda internacional, para combatir a las organizaciones terroristas, subversivas y narcotraficantes-.
Quienes en su momento defendieron aquello, dijeron que el Ecuador, siendo un país soberano, no podía tolerar la injerencia de naciones extranjeras en sus asuntos internos; sin considerar que el rabioso monstruo gigante de mil cabezas, que es el narcotráfico internacional, superaba de largo las limitadas capacidades defensivas y operativas de nuestro vulnerable país; adicionalmente, avecindado a la querida hermana República de Colombia, tan golpeada por las garras de la droga y la violencia.
A esto se sumó el utópico principio de ciudadanía universal, reconocido también en la Constitución de 2008, con el cual se abrió generosamente las puertas del Ecuador a numerosos delincuentes extranjeros, quienes, huyendo de sus países, se radicaron con facilidad en nuestras ciudades para delinquir y contagiar sus mañas y maldades. Un claro ejemplo de aquello fue el asesinato del valioso candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia, a manos de seis sicarios colombianos con antecedes penales en su país de origen.
Ante esta gravísima situación de terror, bien ha hecho el presidente Daniel Noboa en dictar los Decretos Ejecutivos 110 (8 de enero 2024) y 111 (9 de enero 2024), mediante los cuales impuso estado de excepción por 60 días y declaró un conflicto armado interno, disponiendo la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el objeto de garantizar la soberanía e integridad del país contra grupos terroristas identificados.
Todo un país espera que las decisiones presidenciales surtan efecto y las Fuerzas Armadas devuelvan la paz al Ecuador. Estos días serán decisivos y como ciudadanos tenemos la obligación cívica de respetar los toques de queda y las restricciones que la difícil situación impone. Limitar nuestra movilización a lo estrictamente necesario será muy importante.
Por otro lado, y para enfrentar con contundencia a la delincuencia y la corrupción, debemos apoyar, en la consulta popular que se avecina, temas como: la extradición; la enmienda constitucional para reformar la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado; el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales; la calificación presidencial de leyes urgentes a proyectos de ley en materia de seguridad; y e) todo aquello que signifique una reforma integral al sistema de justicia penal.
¡Por el bien de la Patria y de todas las familias ecuatorianas, que así sea!