Ayer el malvado neoliberalismo nos encerró con el pretexto de la COVID-19, periodo en que los grandes empresarios y banqueros se enfundaron miles de millones de dólares a causa del dolor y el miedo. Ahora ordenaron un nuevo encierro para protegernos de la violencia delincuencial y oficial. Es preciso tener claro que la relación entre la pobreza, la delincuencia y la violencia es compleja y multifacética.

Es obvio que la pobreza aumenta las probabilidades de que la juventud busque medios ilegales e involucrarse en actividades delictivas para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, no todas las personas que viven en medio de la pobreza se involucran en la delincuencia, y no todos los delincuentes provienen de entornos empobrecidos, lamentablemente sobre ellos cae el peso de la injusta justicia, y no sobre la delincuencia de cuello blanco como banqueros chulqueros y empresarios evasores de impuestos.

La violencia delincuencial es causa de la falta de empleo, de la corrupción y la narcopolítica institucionalizada en los más altos niveles del Estado, la politización de la justicia, del descuido a la salud y la educación pública, la falta de oportunidades de la juventud para ingresar a las universidades, la desigualdad social, la debilidad e incapacidad de los gobiernos locales, la explotación e inestabilidad laboral; sobre todo por el sometimiento de los gobiernos a los grandes grupos económicos y por los pactos con los capos de la narcodelincuecia para entregarles el control de las cárceles, donde operan los mandos de los grupos criminales organizados, entre otras, son las causas de la actual situación de anarquía.

Debido al estallido de la violencia, el presidente Daniel Noboa acudió primero al Estado de Excepción y, luego ante la incursión de un grupo de jóvenes delincuentes al canal de televisión TC, reconoció la existencia de un “conflicto armado interno”, entre el crimen organizado y el Estado, declarando que pasan a ser objetivos militares de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El gobierno sabedor de que los ecuatorianos exigen se combata, de raíz, a una delincuencia que ha sembrado el miedo y el terror ciudadano; ante esto invocó la necesidad de “unidad nacional”, ganándose el respaldo de las diversas funciones del Estado, de las fuerzas políticas y las organizaciones sociales.

La estrategia del gobierno de Noboa, la de “conflicto armado interno” es la de considerarse casi casi un Bukele ecuatoriano, para promocionar su reelección en el 2025, pero la experiencia en la propia República del Salvador da cuenta de que eso no basta. El Ecuador requiere, planificación de la obra pública y social capaz de disminuir la brecha entre ricos y pobres, capaz de garantizar trabajo digno, seguridad social, educación y salud de calidad, desarrollar políticas soberanas ante el intento privatizador de las empresas del Estado. El combate a la violencia no se puede reducir a la persecución, requiere de enfoques integrales para mejorar las condiciones de vida y acabar con la desigualdad social.