Quilanga, 15 de marzo 2024

Vamos ya por el cuarto del siglo XXI, el mismo está marcado por la profundización de una economía que se sustentan en el mercado, en desmedro del ser humano y de la naturaleza, cuyos derechos son inalienables e irrenunciables por su condición innata del derecho a la vida.

El modelo de vida neoliberal que se profundiza en América Latina desde 1980, impuesto del norte hacia el sur, se profundiza en los años noventa y tiene un breve lapsus con la apertura del siglo XXI con el surgimiento de una alternativa de poder llamada socialismo del siglo XXI y que propendía a una integración latinoamericana desde los gobiernos progresistas y con una propuesta desde el sur.

El tiempo ha recurrido en la historia nacional entre los vaivenes de la política y el control desde el norte con una propuesta globalizadora de la economía, sostenida en la comunicación y la tecnología que evoluciona constantemente y que transforma la vida de las personas y de las sociedades hacia una pérdida de autonomía, soberanía, identidad del país y de nuestros pueblos y nacionalidades.

Los efectos son devastadores: destrucción de parques naturales que por siglos han sido fuente de vida y biodiversidad, de pueblos y nacionalidades ancestrales, que no pueden resistir ante la fuerza y militarización de la misma, producto de las concesiones mineras, retiro del control del estado por las concesiones y regalías, que no son sino “pan para hoy y hambre para mañana”, concomitantemente arrastra una pérdida de derechos sociales, laborales, seguridad Social, violencia desmedida a los derechos de la naturaleza y la presencia de una devastadora presencia de minería ilegal, por enumerar algunos.

Las concesiones mineras y la consecuente extracción están enmarcada en un contexto general de apertura de minas, flexibilización de la legislación ambiental y minera, vinculada al desmantelamiento de los órganos de vigilancia y control del sector, lo que ha permitido un crecimiento drástico, muy a pesar de que en nuestro país se ha realizado consultas populares por sectores y a nivel nacional, las mismas que abrumadoramente prohíben la extracción de minerales y sus atentados a la naturaleza, hasta hoy, poco o nada se ha hecho por la aplicación y ejecución de los resultados.

La razón del fortalecimiento de la minería y su explotación tiene sus orígenes en la gran crisis del 2008, allí los gobernantes y las potencias económicas avanzan con grandes inversiones en la minería, particularmente el oro y el hierro y con el ingreso de la demanda china, los precios se elevaron, lo que despertó la ambición y codicia de los estados, gobernantes e inversionistas.

En el caso de Ecuador, al no contar con los recursos económico para la inversión en explotación y procesamiento, le resultó cómodo concesionar grandes extensiones de tierra y agua, que poco a poco van minando la presencia del estado, la desaparición de pueblos y nacionalidades, la contaminación del agua, la deforestación, destrucción de la biodiversidad que, muchas veces terminan en conflictos territoriales con muerte y dolor y la gran evasión de divisas, como es costumbre en el sistema económico vigente.

En esta nueva crisis nacional, no solamente de orden económico, sino la más grave, de ética y moral, nuevamente se anuncian negociaciones de la minería, mal, muy mal, no escuchar la voz de los ciudadanos en la consulta popular del 2023. Es momento de buscar nuevas formas de vivir para proteger las generaciones futuras.