Esteban Sarmiento Jaramillo
Ecuador atraviesa una crisis profunda, una que se palpa en las calles, en las escuelas vacías y en las mesas sin pan. No es una crisis que llegó de golpe, sino una que se ha venido gestando por años: potenciada por la pandemia, pero agravada por la indiferencia política, la desigualdad estructural y la falta de un verdadero proyecto de país. Las cifras lo dicen todo, pero también lo ocultan. Detrás de cada número hay una historia: un niño que no volvió a clases, una madre que no sabe cómo alimentar a sus hijos, un joven que perdió la esperanza. Todo este escenario, inevitablemente, se convierte en el caldo de cultivo perfecto para la delincuencia, hoy y mañana.
Según una reciente publicación del portal Primicias, basada en datos oficiales del INEC, al cierre de 2024 la pobreza por ingresos afecta al 28% de la población ecuatoriana. Eso significa que más de 5 millones de personas viven con menos de USD 91,43 al mes. Y si hablamos de pobreza extrema, el panorama es aún más crudo: el 12,7% de los ecuatorianos no alcanza ni los USD 51,53 mensuales para cubrir sus necesidades más básicas. En el sector rural, la realidad es aún más dura: la pobreza alcanza el 42,2% y la pobreza extrema el 23,7%. Son cifras que estremecen, pero que ya no escandalizan. Y eso, quizá, es lo más alarmante: nos estamos acostumbrando al dolor ajeno.
Y cuando eso ocurre, cuando el sufrimiento deja de dolernos, nos volvemos indiferentes. Nos refugiamos en nuestras rutinas, nos distraemos con nuestras propias preocupaciones y nos desconectamos de la realidad. Ese es el síntoma más visible de una sociedad fragmentada: la comodidad de no mirar.
Esta precariedad económica golpea con particular dureza a la educación. El mismo medio, Primicias, ha reportado que más de 450.000 niños, niñas y adolescentes están hoy fuera del sistema educativo. Es decir, casi medio millón de futuros suspendidos. Aunque el Ministerio de Educación asegura haber logrado reinsertar a unos 53.400 estudiantes en el último ciclo lectivo, la verdad es que el abandono escolar sigue en aumento. ¿Por qué se van? Porque deben trabajar, porque sus familias migran, porque sienten —con razón— que estudiar no les garantiza un mañana distinto. La educación, que debería ser el camino hacia la equidad, se ha vuelto un privilegio. Y una vez más, el terreno queda sembrado para que la exclusión social se transforme en violencia.
La pobreza y la deserción escolar no son fenómenos aislados. Son hilos de un mismo tejido roto. No podemos hablar de desarrollo mientras millones de ecuatorianos sobreviven sin lo mínimo para vivir con dignidad. No podemos hablar de futuro mientras cientos de miles de niños crecen sin acceso a educación, salud ni protección. Y lo más grave de todo es que esta tragedia empieza a parecernos normal. Y eso, repito, es muy malo. Muy, muy malo.
Entonces, cuando nos preguntemos cuáles deberían ser las prioridades del Estado, o qué políticas podrían realmente enfrentar esta emergencia nacional, bastará con volver a mirar estas cifras. La respuesta está ahí: necesitamos políticas públicas urgentes, coherentes, articuladas y sostenidas. Necesitamos que el centro de toda acción pública vuelva a ser la persona. No los grupos de interés. No los cálculos electorales.
Este artículo no es un lamento ni un discurso partidista. No escribo esto porque sea de izquierda, de derecha, ni porque me entusiasme o me incomode el término “progresista”. Tampoco porque esté a favor o en contra del gobierno de turno. Escribo esto porque me duele lo que pasa. Porque mientras el país se extravía entre pugnas políticas y se pierde en escándalos momentáneos, hay una generación —la misma que está protegida por el artículo 35 de la Constitución— que está siendo abandonada.
Y si no reaccionamos hoy, ese abandono nos pasará factura más pronto de lo que imaginamos. Y con consecuencias aún más graves que las que ya estamos viendo.