luis_pineda47@yahoo.es

El 17 de mayo de 2025, el presidente Noboa, presentó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley contra las Economías Criminales, con el carácter de urgente. La Asamblea tiene 30 días para tratar el proyecto.

Beneficios:

La primera establece que los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía y las Fuerzas Armadas en equipamiento y suministros de seguridad obtendrán una rebaja del Impuesto a la Renta. La rebaja será equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución.

La segunda medida plantea que, «como parte de la reconstrucción del tejido social por los efectos de las economías criminales en conflicto armado interno, el Presidente podrá, de forma anual y discrecional, otorgar un incentivo económico a la ciudadanía, especialmente a tres grupos:

1. Pequeños y medianos productores del sector agroproductivo.

2. Jóvenes o adultos para que potencien sus capacidades y habilidades.

3. Actores de la economía popular y solidaria, artesanos, emprendedores, negocios populares, con la finalidad de reactivación económica y promover la continuidad de sus actividades productivas.

Cuestionamientos:

El proyecto plantea dos medidas económicas que implicarían menos ingresos al Presupuesto del Estado y más gasto público en seguridad.

Allanamientos sin orden judicial, detenciones de hasta 24 horas con fines investigativos sin impulso fiscal, y penas de hasta 30 años de prisión para quienes integren grupos armados organizados.

Según el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, la propuesta “vislumbra un escenario de guerra que multiplicará los abusos”. Este organismo independiente, que estudia las dinámicas de los conflictos a nivel nacional y el impacto que tienen conflictos externos sobre el Ecuador, advierte que las instituciones de seguridad del Estado, como la Policía, Fuerzas Armadas, Inteligencia y Función Judicial están “permeadas profundamente por el crimen organizado”.

Salim Zaidán, abogado constitucionalista, dijo en una entrevista con Ecuavisa que “la denominación del proyecto nos hace pensar que es económico urgente”. Sin embargo, el contenido apenas incluye los tres artículos relacionados directamente con temas económicos. “Era más eficaz si se fortalecían instituciones como la UAFE o el SRI (Servicio de Rentas Internas) para controlar el lavado de activos”, opina Zaidán.