Jeamil Burneo

El arroz con leche del centralismo parece ser la receta favorita de la política ecuatoriana. Cada vez que se anuncian incentivos o programas para el sector agrícola, el gobierno sirve el plato completo a  provincias privilegiadas —Guayas y Los Ríos—, dejando las sobras para los territorios del sur. El más reciente ejemplo es la decisión del Ministerio de Agricultura de implementar un sistema de compra de arroz en cáscara exclusivamente en las provincias costeñas “de alta producción”, según informaron varios medios nacionales.

Mientras las cámaras agrícolas de Daule y Babahoyo celebran la medida como un “respiro para el agricultor costeño”, los gremios del sur, particularmente los de Loja y El Oro, observan con desconcierto cómo se repite el viejo patrón de exclusión territorial. La Federación Nacional de Arroceros y los productores de frontera han recordado que el arroz de Macará y Zapotillo —cultivado especialmente en los valles del río Catamayo— es uno de los de mayor rendimiento y calidad del país. El grano largo  de esta zona, reconocido por su pureza y sabor, ha ganado posicionamiento en los mercados nacionales, pero sigue siendo ignorado por las políticas públicas.

Este abandono no responde únicamente a un descuido circunstancial, sino a una estructura mental profundamente centralista. Un Estado que solo mira al norte termina desconociendo el alma de su territorio. La lógica burocrática que rige al país continúa siendo vertical: las decisiones se toman en el centro político y económico, sin escuchar las realidades de las provincias fronterizas. De esta forma, el sur del Ecuador sigue siendo tratado como un apéndice geográfico, no como una región con potencialidades estratégicas para la soberanía alimentaria y la integración binacional.

Tras la firma de los acuerdos de paz con el Perú, se prometió una nueva era de desarrollo para las zonas fronterizas. Los llamados Fondos de la Paz debían compensar años de abandono con inversiones en riego, vialidad y producción agrícola. Pero las promesas quedaron archivadas. Mientras las carreteras y los canales de riego del norte crecieron, el sur continuó esperando. La exclusión de Loja del programa de compra arrocera se justifica oficialmente por su “baja representatividad estadística” dentro del total nacional de producción. Un argumento técnico que esconde un error político: la función del Estado no es concentrar beneficios donde ya existen ventajas, sino equilibrar el territorio donde la desigualdad persiste.

La realidad de los productores arroceros fronterizos es compleja. En los últimos meses, el precio de la saca de arroz ha caído más de un 15%, mientras los costos de producción aumentan por el alza del diésel, los insumos agrícolas y el transporte. Sin subsidios ni créditos preferenciales, el pequeño agricultor queda a merced de los intermediarios que manipulan precios y márgenes de ganancia. Los productores de Macará han advertido que sin apoyo estatal, los cultivos podrían reducirse drásticamente, afectando el empleo y la economía local.

El sarcasmo del título —“el arroz con leche del centralismo”— retrata la ironía de un país que presume de diversidad pero actúa bajo una lógica homogénea. Si la política agrícola tuviera un enfoque de equidad, Loja y El Oro serían parte natural de las estrategias nacionales de soberanía alimentaria. En cambio, el Estado continúa reproduciendo una visión monolítica que mide el desarrollo solo por la escala productiva, ignorando la calidad, la innovación y el valor territorial.

Loja, por su ubicación y capacidad agrícola, debería ocupar un rol de articulación sur-andino, vinculando su potencial productivo con estrategias logísticas, energéticas y de frontera. El arroz de Macará es más que un cultivo: es una manifestación de identidad. Su éxito no proviene del azar, sino de generaciones que aprendieron a producir en equilibrio con la tierra y el agua. Pero el centralismo desconoce estas experiencias, imponiendo políticas universales que ignoran las particularidades locales. Cuando el Estado diseña desde la distancia, termina generando inequidad y desconfianza.

La verdadera planificación nacional debería ser una sinfonía de territorios, donde cada región aporte su nota singular al desarrollo del país. Loja, con su tradición de emprendedurismo agrícola, su conocimiento fronterizo y su estructura universitaria, podría convertirse en un centro de innovación agroecológica. Sin embargo, para que eso ocurra, debe romperse el cerco del centralismo institucional. Los recursos que genera la frontera deben reinvertirse en ella, y las políticas deben adaptarse a su escala humana, no a los promedios nacionales.

Deberíamos proponer una plataforma regional de planificación agroproductiva, que permita articular la investigación, la tecnología y el financiamiento. Es una oportunidad para construir una política alimentaria verdaderamente ecuatoriana, desde la diversidad territorial. Si el Estado acompaña esta iniciativa, el arroz de Macará podría dejar de ser visto como una rareza andina para convertirse en un emblema nacional de productividad y sostenibilidad.

El centralismo no solo margina a las provincias; empobrece la imaginación del país. La falta de visión territorial limita nuestra capacidad de generar desarrollo inclusivo y sostenible. Loja y su frontera sur no deben ser tratadas como periferia, sino como un eje estratégico de articulación con el Pacífico y con el Perú.