Jeamil Burneo
El cierre del tránsito fronterizo hacia el norte del Perú por las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, decretado desde el nivel central, ha vuelto a desnudar una verdad incómoda: para el Ecuador centralista, la frontera sur sigue siendo un territorio periférico, prescindible y funcional únicamente cuando conviene a la estadística nacional, pero invisible cuando se trata de derechos, desarrollo y planificación.
Desde Quito, el argumento es sencillo y aparentemente racional: “lucha contra la violencia y flujos migratorios inadecuados” o quizás esa óptica de desdén se manifiesta debido al volumen de intercambio comercial en esta frontera representa apenas una fracción mínima frente a Rumichaca, por lo tanto, el “impacto socio económico” del cierre es asumible. Sin embargo, esa lógica ignora deliberadamente una palabra clave que define a Loja, Zamora Chinchipe y El Oro profundo: incipiente. Incipiente es el turismo, incipiente el comercio, incipiente el intercambio de servicios profesionales, incipiente la integración productiva. Y precisamente por eso, cualquier interrupción abrupta no solo frena dinámicas económicas, sino que condena procesos que aún luchan por nacer.
La frontera no es una línea en el mapa; es un sistema vivo. Y cuando se la gestiona únicamente desde la óptica de la seguridad nacional, sin planificación territorial ni sensibilidad social, se convierte en un espacio fértil para lo que supuestamente se quiere combatir: violencia, economías ilegales, minería ilícita, tráfico de armas y contrabando. El vacío institucional siempre es ocupado por actores informales. La historia latinoamericana es contundente al respecto.
Paradójicamente, el Ecuador cuenta desde 2018 con la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo – LODF, concebida precisamente para corregir esta injusticia histórica. Una ley que reconoce incentivos productivos, trato presupuestario preferencial, fortalecimiento de servicios básicos, desarrollo del talento humano, colaboración académica, impulso al turismo, protección ambiental y seguridad integral. Una ley que, en el papel, plantea una frontera viva, productiva y protegida. Podríamos decir con superficialidad que el problema no es la ley; es su reglamento y, sobre todo, su aplicación.
El reglamento expedido durante el gobierno de Lenín Moreno introdujo un obstáculo estructural: la dificultad real de conformar y activar los concejos multinivel territoriales(desde su nivel más alto: el Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo Fronteras), espacios donde deberían confluir Estado central, GAD provinciales, cantonales y parroquiales, academia y sociedad civil. En la práctica, estos mecanismos quedaron atrapados en una burocracia planificadora que responde más a la lógica de control que a la de articulación. La ex SENPLADES – Planifica Ecuador, hoy Secretaría Nacional de Planificación, se convirtió en un cuello de botella institucional antes que en un facilitador del desarrollo territorial.
Mientras tanto, la frontera sur sigue esperando. Espera créditos diferenciados que nunca llegan, espera infraestructura prometida que no se ejecuta, espera conectividad real, espera políticas educativas contextualizadas, espera seguridad que no sea solo militarización episódica. Y espera, sobre todo, que se entienda que desarrollo y seguridad no son opuestos, sino complementarios.
Cerrar fronteras sin ofrecer alternativas productivas es una receta conocida: se debilita la economía local, se incrementa la informalidad y se fortalece el control territorial de actores ilegales. La minería ilegal en Zamora Chinchipe, el contrabando en Loja y El Oro, y las rutas del tráfico de armas no prosperan por exceso de libertad, sino por ausencia de Estado planificador. No hay control efectivo sin desarrollo, ni desarrollo sostenible sin planificación territorial.
La LODF también plantea algo profundamente político y ético: reconocer que quienes habitan estos territorios merecen un trato diferenciado, no por privilegio, sino por equidad. Mayor ponderación presupuestaria, incentivos educativos y laborales, fortalecimiento del transporte, impulso al agroturismo, apoyo a la producción agropecuaria y protección del patrimonio natural y cultural no son concesiones; son compensaciones históricas frente al abandono estructural.
Pero nada de esto será posible mientras la frontera siga siendo vista como un problema y no como una oportunidad estratégica. Loja y Zamora Chinchipe no son márgenes del Estado; son nodos geopolíticos, culturales y ambientales fundamentales para la integración binacional con el Perú. Allí donde el Estado se retira, la frontera deja de ser un espacio de encuentro y se transforma en un territorio de riesgo.
Hoy, más que nunca, se requiere un giro de enfoque: pasar de decretos reactivos a políticas territoriales integrales; de controles aislados a gobernanza multinivel efectiva; de seguridad armada a seguridad humana. Aplicar la ley fronteriza en su espíritu original, corregir su reglamento, activar los mecanismos de planificación territorial y devolverle a la frontera sur su rol histórico como espacio de integración y no de castigo.
La pregunta no es si podemos darnos el lujo de invertir en la frontera sur. La verdadera pregunta es cuánto más costará seguir abandonándola. Porque cuando una frontera se enferma, el país entero termina pagando las consecuencias.