
El fraude de paternidad comienza a visibilizarse en Loja, con mayor incidencia en la capital provincial, donde se estima la existencia de cerca de medio centenar de personas afectadas por esta problemática que combina conflictos familiares, procesos judiciales y profundas consecuencias emocionales.
Circunstancias
La problemática empezó a visibilizarse en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay, sin embargo, tras indagaciones realizadas por Diario Crónica permitieron constatar que entre el 10% y el 20% de las pruebas de ADN practicadas para determinar filiación arrojan resultados negativos en Loja.
A pesar de esta situación, varios hombres han optado por mantener su rol en la crianza por el bienestar de los menores, priorizando el vínculo afectivo construido a lo largo de los años.
Uno de los testimonios corresponde a Ovidio Mendoza, quien relató en exclusiva a Crónica que hace más de una década formó un hogar. Sin embargo, tres años atrás, durante exámenes médicos destinados a evaluar la posibilidad de donar sangre a su hijo, descubrió que el menor no compartía su carga genética. Tras confrontar a su pareja conoció la verdad. A pesar del golpe emocional y la posterior separación con la madre, decidió continuar apoyando al niño debido al afecto desarrollado.
Otra situación compleja fue relatada por Sergio A. P., funcionario público quien aseguró a Diario Crónica enfrentar un proceso judicial derivado de la inscripción de un menor con su apellido sin consentimiento. “La madre – expareja— habría utilizado una copia de mi cédula para registrar al niño en el Registro Civil, lo que posteriormente derivó en una demanda por pensión alimenticia”.
“He intentado resolver esta situación, pero al portar el menor mi apellido el trámite se vuelve complejo. Lo más preocupante es que actualmente tengo familia y los recursos resultan insuficientes, ya que pago USD 140 mensuales”, afirmó.
En ese ámbito, la jurista penal Rosario Guarnizo señaló que este tipo de episodios también se registran en Loja. Recordó que meses atrás asesoró a un servidor policial que logró demostrar mediante pruebas de ADN la inexistencia de vínculo biológico con un supuesto hijo, evitando así la obligación de cancelar una pensión.
Considera que el número de situaciones conocidas sería reducido y no superaría los 50 casos en la provincia. No obstante, existe la posibilidad de que varias historias permanezcan en silencio, debido a que algunos hombres prefieren mantener la relación afectiva con los menores, incluso tras conocer los resultados de las pruebas.
Sanciones
Frente a este escenario, personas afectadas plantean la necesidad de establecer sanciones legales más severas para quienes incurran en fraude de paternidad. La propuesta sugiere penas de entre tres y cinco años de prisión, con el objetivo de generar precedentes y frenar una práctica que, según denuncian, continúa perjudicando a ciudadanos en distintas regiones del país.
El proyecto está en una de las comisiones de la Asamblea Nacional y aspiran que sea analizado en el menor tiempo posible.(I).
