Una denuncia por presunto sobreprecio en la adquisición de mascarillas e insumos médicos por parte del Municipio de Loja durante la emergencia sanitaria de 2020 terminó archivada luego de seis años. La acusación, impulsada por varios concejales del cantón, quienes plantearon posibles irregularidades en la contratación pública.
Circunstancias
La mañana del martes 02 de junio de 2020, la mayoría de ediles acudieron hasta la Fiscalía de Loja para formalizar el reclamo. Entre los firmantes constaron: Karina González, Nixon Granda, Ligia Rodríguez, Patricio Lozano, Ramiro Palacios, Darío Loja, Santiago Erráez y Patricia Picoita, quienes solicitaron investigación, identificación de responsables y aplicación de sanciones.
Durante el proceso de fiscalización, la concejala de ese entonces Karina González informó sobre una revisión a las compras efectuadas por la administración municipal en el contexto de la crisis sanitaria. Consultas a servidores públicos, análisis del portal de compras públicas, inspecciones en la bodega municipal y estudio del expediente contractual revelaron varias anomalías, principalmente en la adquisición de mascarillas.
La investigación interna también detectó diferencias entre los productos establecidos en el contrato y los artículos entregados posteriormente. Además, la denuncia señalaba retrasos en la provisión de insumos y reemplazo por implementos de menor calidad, situación que generó cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos destinados a enfrentar la pandemia.
En ese contexto, el proceso judicial consideró inicialmente la posible comisión del delito de peculado, conforme al numeral 3 del artículo 586 y al artículo 587 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, el expediente terminó archivado tras el transcurso del plazo legal correspondiente.
De acuerdo con el análisis jurídico del caso, la contratación cuestionada durante 2020 también pudo encajar en la figura de tráfico de influencias. Este tipo penal mantenía un límite de perseguibilidad entre febrero y abril de 2025, periodo ampliado por seis meses adicionales debido a la “vacatio legis”, lo cual extendió el plazo hasta octubre de 2025.
El vencimiento del tiempo procesal impidió la continuidad de la causa, hecho que cerró la posibilidad de sanción penal en torno a la compra de mascarillas realizada durante la emergencia sanitaria.
El jurista lojano, Adrián Iñiguez, expresó a Diario Crónica que este delito denunciado por los exediles no debió efectuarse porque al final del día solo quedó en acusaciones y no pudieron demostrar la existencia del hecho. “Aunque en el 2021, la Contraloría General del Estado (CGE), a través de un informe estableció que la compra de 5.000 mascarillas N-95 y 100 trajes encapsulados no se cumplieron las fases y plazos establecidos en la Ley Orgánica de Contratación Pública porque la factura de estos productos fue pagada el mismo día en que fue emitida y no habían recibido los bienes”.
Incluso el 06 de noviembre de 2025, tras mucho tiempo, la entidad solicitó hora y día para la audiencia de formulación de cargos de los presuntos sospechosos (Máximo Q., Ronald E., José G., Fausto M., Edgar M., Alcívar J., William O., Nelson L., Esperanza C., José D., entre otros), pero luego de tres meses, la entidad decidió archivar el proceso.
“Insto a las autoridades en caso de denuncias remitir las pruebas necesarias y contundentes para evitar sobrecargar a la justicia y que cualquier inconveniente sea solucionado en un corto tiempo”, acotó.(I).
La denuncia del caso mascarillas inició en 2020 y concluyó en 2026.