Hoy se conocerá si concejales y comunicador van o no a prisión

Este martes 15 de septiembre a las 14h00 en la Unidad Penal, se desarrollará la audiencia contra los concejales Ligia Isabel Rodríguez y Pablo Burneo Ramón y comunicador social Lenin Paladines Salvador por el presunto de daño moral. Los ediles señalan que tienen todas las pruebas de descargo.

Novedad

La concejala de Loja, Ligia Isabel Rodríguez, expresó que como integrante de la Empresa Pública de Vivienda (Vivem-Loja) fue llamada a reuniones para analizar el tema proyecto de vivienda social en Obrapía, donde conoció que esos terrenos no eran aptos para levantar allí residencias, más allá de unas contadas en este terreno de 14 hectáreas. Ella acudió al sitio y constató esta novedad.

Ante ello, Vivem-Loja presentó ante la Fiscalía una demanda contra el exalcalde José Bolívar Castillo sobre un posible sobreprecio que podría haber, toda vez que los terrenos se pagaron más del millón de dólares cuando están evaluados en unos USD 650.000.

Programa

El sábado 14 de diciembre de 2019, en el programa “Opinión Ciudadana” conducido por el comunicador, Lenin Paladines Salvador, fueron invitados los ediles y donde se les consultó en base a las fiscalizaciones de proyectos como regenerar, fotomultas y la adquisición de los terrenos del barrio Obrapía.

“En mi caso que conocía más del tema, expresé que podría haber un presunto sobreprecio de los terrenos y que afectaba a esas madres y padres que quieren una vivienda y que los engañaron porque allí no hay cómo hacer nada”, dijo.
Por su parte, Pablo Burneo Ramón, concejal, destacó que ellos como ediles del cantón hacen observaciones de lo actuado por la administración anterior y “al existir irregularidades, las cuales salieron a la luz; esto no le gustó al exalcalde y nos demandó”.

“En lo personal no me van a callar porque defendemos los intereses del pueblo lojano y en la audiencia se presentará las pruebas de descargo”, añadió.

El abogado defensor del exalcalde José Bolívar, José Paul Luzuriaga, manifestó que la exautoridad como toda persona tiene el derecho al buen nombre y a la honra. Ante ello, los concejales antes descritos presuntamente adecuaron sus conductas a una contravención penal, es decir, hablaron en descrito de su defendido, estipulado en el artículo 296 inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Nosotros empezamos una acción penal, para que prueben lo expresado en dicho programa, caso contrario serán sancionados de entre 15 a 30 días de cárcel”.(I).(FJC).