Dentro de la pandemia hasta el fin del estado de excepción hubo restricciones de orden vehicular y que podían evadirse con los respectivos salvoconductos, por lo que un gran número de conductores fueron multados y en varios casos retenidos sus vehículos; ahora el Municipio de Loja buscaría cobrar esos valores a los infractores.

Situación

El abogado Cristian Alvarado expresó que serían “cerca de 2500 multas expedidas por los agentes civiles de tránsito. El tema está en la legalidad de estas infracciones, la mayoría de la ciudadanía fueron multados considerando el artículo 389 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) como órgano competente para infracciones de tránsito”.

Sin embargo, este artículo no tiene nada que ver con el tipo de infracción que se ha determinado, ya que habla de: “La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito, o que no respete las señales manuales de dichos agentes, en general toda señalización colocada en las vías públicas”.

“Esta cifra (2500) da un valor aproximado de USD 300.000 considerando una multa de USD 120 por infracción, a ello hay que sumarle los valores por parqueadero que llegarían a unos USD 370.000”, dijo.

En ese sentido los multados tienen la oportunidad de dar de baja las infracciones mediante sentencia judicial con una sola acción general, es decir, pedir una acción de protección porque se han vulnerado sus derechos.

Glosa

Alvarado mencionó que al darse de baja estas multas porque carecen de legalidad indudablemente entraría la Contraloría debido a que se generaría un perjuicio al Estado en la parte financiera, ya que para hacer el cobro por parte de la Municipalidad debió generarse títulos de créditos, los cuales fueron generados dentro del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y al no poderse cobrar serían glosados.

Firmas de agentes

Una vez que las autoridades se dan cuenta que con este artículo no podían sancionar a los conductores, actualmente tratan de generar una resolución administrativa firmada por el alcalde de Loja, Jorge Bailón Abad, los cuales señalan entre algunos puntos de dar la competencia a la Comisaría de Tránsito para que puedan ejecutar el cobro de estos valores.

Para ello, “están exigiendo que los agentes de tránsito firmen unos partes aclaratorios donde ellos mencionen que: la notificación a los presuntos infractores se realizó por parte del suscrito cumpliendo con procedimiento establecido en el reglamento de aplicación, haciendo uso de las boletas de citación de contravenciones de tránsito de la Unidad de Control Operativo de Tránsito (UCOT), es decir, quieren evadir la responsabilidad de una posible glosa de Contraloría las autoridades que enviaron a los agentes a sancionar con este articulado”, añadió.(I).(FJC).