Después de lo ocurrido el martes 23 de febrero de 2021 en las cárceles de Latacunga, Guayaquil y Cuenca; ya no queda la más mínima duda que la situación penitenciaria ecuatoriana está colapsada y fallida. La muerte de setenta y nueve internos; producida en circunstancias espeluznantes, grotescas y perturbadoras; lo confirman y hacen temblar de miedo e impotencia a la ciudadanía. El solo pensar que, con desmedida facilidad, y a escasísima distancia de pobladas urbes de Cotopaxi, Guayas y Azuay, se hayan arrancado corazones humanos, mutilado cuerpos, decapitado cabezas; paradójicamente, dentro de instalaciones que se entendería son las de mayor seguridad carcelaria del Ecuador, causa escalofríos insoportables que no nos dejarán tranquilos por mucho tiempo.

Así mismo, queda en cruda y lamentable evidencia, que estos mal llamados centros de rehabilitación social, en vez de sanar la conducta social de los delincuentes para reinsertarlos en la sociedad una vez cumplida la pena; son una especie de instituto de perfeccionamiento del crimen, en el que los violentos se transforman en perturbados, los ladrones en asesinos y los asesinos en monstruos.

¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a estos extremos? ¿Qué hicimos mal, como sociedad, para merecer esto? Son preguntas de difícil respuesta, pero me atreveré a escribir algunas ideas.

El problema penitenciario ha estado latiendo y supurando pus espesa y hedionda desde hace años. Tiempo en el cual, los gobiernos de turno y la asamblea legislativa han hecho casi nada por revisar el gigantesco problema. De ahí que persiste el hacinamiento; el insuficiente número de guías penitenciarios; la corrupción a todo nivel; la insalubridad, la circulación de drogas, armas y aparatos de comunicación entre los internos, etc.

Revisemos unos pocos datos para dar sustento a lo expresado. Para ello, me remitiré a un interesante trabajo investigativo publicado el 30 de noviembre de 2020 por el sitio digital ecuatoriano de periodismo: “PLAN V”, en el cual se revela lo siguiente: “Según cifras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), hasta noviembre de este año -2020- la población carcelaria sumó 38.804 personas. Eso es más del doble de lo registrado en el 2010 cuando había 16.000 presos en 25 centros. (…) Pero mientras la población carcelaria crece, el número de agentes penitenciarios baja. Entre junio y noviembre de este año -2020- fueron desvinculados 30 miembros del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Al 19 de noviembre se registraron 1.466 agentes. La norma internacional señala que, por cada 10 presos, debería existir un agente. En Ecuador, por cada 26 privados de libertad hay un agente. La SNAI confirmó que existe un déficit de aproximadamente 2.530 agentes y en octubre pasado reveló que no había presupuesto para la capacitación de más guías.

Por otro lado, debe considerarse seriamente que la situación penitenciaria es una de las consecuencias de la realidad social que lastimosamente marcan a nuestra sangrante Nación; tan afectada por la falta de empleo, por las escazas oportunidades de superación para las mayorías, por la pobreza, por la desigualdad social, por una terrible corrupción en muchas esferas del poder y apabullada por una puja mezquina de intereses politiqueros que no tienen limite ni entrañas al momento de azotar los intereses colectivos para privilegiar sus alforjas e intereses electoreros. Precisamente, el antiejemplo de muchas autoridades por abrazar el camino fácil, la trampa, la astucia y la “viveza criolla” – entiéndase como antivalor para irrespetar y abusar de las normas de convivencia social para tener ventajas sobre el prójimo-; constituye un perverso incentivo para que tantos ciudadanos estén tentados a cometer horrendos delitos. Por supuesto, los electores también tenemos gran parte de la culpa cuando elegimos y reelegimos a pésimos gobernantes y legisladores.

Siendo de gran preocupación nacional el problema penitenciario ecuatoriano, corresponde que urgentemente las autoridades tomen medidas para disminuir en algo la violencia insoportable que lo caracteriza. Para hacerlo sería importante considerar las recomendaciones formuladas por el Centro para la Justicia y la Reconciliación con sede Washington: 1. Clasificación exhaustiva de los reclusos; 2. Reducir la inactividad de los internos; 3. Mejorar la sanidad; 4. Pedir asesoría y ayuda a la comunidad internacional; 5. Capacitación rigurosa a los guías penitenciarios; 6. Reuniones permanente entre las autoridades penitenciarias y la Función Judicial para agilitar la expedición de sentencias; 7. Implementación de programas de rehabilitación social; entre otras.

Indiscutiblemente, todo ello está atado a una mejor asignación económica para los centros penitenciarios, que solo podrá ocurrir cuando mejoremos económica y productivamente como país y en el momento en que el despilfarro y la desviación de los fondos públicos disminuya drásticamente en todos los niveles y rincones de la patria.