Mercedes Carrera R.

La falta de transparencia en el ejercicio de la gestión pública es algo cotidiano. La denuncia de eventos de corrupción son comunes, aunque indignan a los ciudadanos para nada resultan sorprendentes. Al contrario, sería noticia que un gobernante de libre elección actúe apegado a las normas legales.

Hay quienes consideran que la única forma de progresar u obtener riquezas es cometiendo actos deshonestos.
La obtención de recursos presenta un solo atajo, el cometimiento de hechos fuera de la ley.

Contradictoriamente esas personas son admiradas porque con la investidura de autoridad abusan de su poder para acceder a privilegios y obtienen beneficios perjudicando al colectivo.
Julio César Trujillo, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, expresaba que el Ecuador estuviera en excelentes condiciones gracias a todos los recursos que posee si no fuese por la corrupción.

La Organización Naciones Unidas, en el año 2003, vio necesaria la creación de una Convención en contra de la corrupción, la cual entró en vigor desde el 2005 y Ecuador se encuentra suscrito desde el 2017. Este instrumento jurídico contiene un conjunto de normas y reglas de carácter vinculante para los estados partes, teniendo los países que adecuar su marco jurídico a las disposiciones de esta Convención. Su finalidad es la prevención, investigación y rendición de cuentas para las personas que hayan realizado actos de esta índole. Además, la ONU se encarga de dar asistencia a estos países para lograr eficacia en su uso.
A pesar del apoyo internacional, Ecuador se encuentra en un escenario donde se sufren las consecuencias de la corrupción, teniendo graves crisis políticas, jurídicas, sociales y económicas.

La Asamblea Nacional si bien propició varios juicos políticos desde el 2008 hasta la actualidad, aún faltan muchos más, pues existen prófugos políticos por actos de corrupción, y un sinnúmero de personas que aún no han sido llevadas a la justicia.
Además, en otros casos existen enjuiciamientos pero no lograron recuperar los recursos que se llevaron.

Las pérdidas económicas se mantienen y la intervención de la justicia no garantiza la recuperación de lo perdido.
Lo cierto es que la clase política sigue actuando refugiándose en la mentira como eje símbolo de la corrupción y el permanente atraco.