Hemos llegado al medio centenar de meses sin que el gobierno central proceda a iniciar la construcción de alguna nueva obra pública de gran magnitud en la provincia de Loja y por cortesía tanto del FMI como de la burguesía ecuatoriana que controla al Estado, tendremos que esperar unas 50 semanas más, hasta el 2025, para que quizá volvamos a experimentar las satisfacciones a las que nos acostumbró Rafael Correa.

Ya pertenecen por completo a la memoria, al pasado, las últimas inversiones públicas que se hicieron en nuestro territorio, como el asfaltado de la carretera Puente del Río Pindo-Amaluza, los hospitales de Lucero y Trapichillo, la Unidad Educativa del Milenio de Celica, el asfaltado Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará,

La carretera de 4 carriles de Loja a Catamayo, con los túneles en el Villonaco, es una obra que la necesitamos desde tiempo atrás, ya debería estar por terminarse, pero en el MTOP no existe ni el más mínimo interés en realizarla, ni el Municipio de Loja, que tiene la competencia solicita el financiamiento al que por mandato constitucional está obligado el Estado. Y tendremos que seguir esperando hasta el 2025, en el mejor de los casos.

Para después de 4 años o más quedan también el asfaltado de las carreteras Amaluza-Jimbura-Zumba; El Cisne-Ambocas; Saraguro-Yacuambi. Los ingenieros civiles no hacen ni siquiera un oficio para solicitar trabajo, pero hay que ser comprensivos y compasivos, los pobres quedaron agotados después de tanto trabajo que les dio Rafael Correa y justo es que se den un descanso hasta que recuperen energías.

Lo peor es que no solo no se ha atendido a Loja para resolver sus urgentes necesidades, sino que se la ha perjudicado, nos han hecho retroceder. La Universidad Nacional de Loja tenía un presupuesto superior a los 50 millones de dólares, lo que era insuficiente, pero en lugar de apoyar su desarrollo, se le ha hecho un monstruoso recorte, bajándole las asignaciones a 35 millones, con lo que el centralismo liquidó los proyectos de investigación científica y los administrativos tendientes a crecer para atender la demanda de los nuevos bachilleres.

A la Unidad Educativa del Milenio «Bernardo Valdivieso» y otros planteles fiscales les quitaron el Bachillerato Internacional, con grave perjuicio a la calidad de la enseñanza y a los derechos de los jóvenes a recibir una educación avanzada. Con indignación hemos visto cómo han dañado los servicios de salud, Registro Civil, comunicaciones, crédito, empleo, seguridad social, comercio, etc. ¡Y pensar que 170.000 votaron para que siga este abandono!