Más de medio millón de personas de origen venezolano han hecho de Ecuador su nueva residencia, de las cuales se estima que la mitad tienen una alta necesidad de acceder a servicios de alojamiento . CARE Ecuador presentó un estudio sobre la situación que viven los migrantes que requieren acceso a albergues y refugios temporales en Huaquillas, Machala, Manta, Portoviejo, Tulcán, Ibarra, Lago Agrio y Quito.

El estudio evidenció que los albergues presentan insuficientes capacidades en infraestructura, recursos materiales y humanos, debilidad institucional para favorecer redes, articulaciones y sinergias que posibiliten la realización de derechos y garantías para esta población.

“La situación que enfrentan es muy difícil y mucho más para los grupos vulnerables. Es urgente una mayor presencia y apoyo del Estado, así como directrices basadas en la acción afirmativa hacia las personas migrantes o en situación de refugio de cara a su inserción económica y social”, expresa Alexandra Moncada, directora ejecutiva de CARE Ecuador.

Los plazos de estancia en los centros de acogida fluctúan entre los 3 días y 6 meses en función del tipo de servicios y la población beneficiaria que reside en estos espacios. No obstante, a raíz de la crisis sanitaria, todas las instituciones han flexibilizado estos plazos, pero debido a la reducción de aforos en las instalaciones como protocolo de bioseguridad, las brechas entre la oferta de servicios en los albergues y las demandas de las personas en situación de movilidad humana son más grandes.

A su llegada al albergue, el 90,9% de los encuestados manifestó que el alojamiento le ha dotado de materiales de bioseguridad (mascarillas, gel antibacterial y alcohol). El 95% reportó haber recibido enseres básicos como edredones, cobijas, sábanas y almohadas. Asimismo, se observó que en todos los albergues se dota de kits de aseo e higiene personal como jabón, pasta dental, cepillo de dientes, champú, toallas sanitarias y papel sanitario. Sin embargo, la frecuencia de asignación de estos recursos varía entre semanal, quincenal y mensual siempre que exista la disponibilidad de los recursos, usualmente provistos por organismos internacionales y las ONG.

Las personas que arriban a los espacios de refugio presentan un deterioro importante en su salud física y emocional. Ninguno de los albergues que formaron parte del análisis cuenta con servicios internos de salud a pesar de que en el 100% de los casos se reconoce la necesidad de un servicio que cubra necesidades de atención a emergencias.

“Nuestra recomendación es que las organizaciones internacionales puedan brindar apoyo diferenciado para garantizar el acceso a apoyo psicológico y psicosocial para la reestructuración de planes de vida y las demandas de especial protección de niños, niñas y adolescentes, además de las personas sobrevivientes de violencia basada en género”, agrega Moncada.
Esto debido a que el 100% del personal administrativo encuestado refiere que han existido manifestaciones de violencia dentro del albergue, los cuales en su mayoría han consistido en violencia verbal y violencia física.

En cuanto a servicio de alimentación, no todos los centros de acogida lo ofrecen. De la muestra estudiada, solo el 88% de los albergues ofrecen algún servicio de alimentación. De los que ofrecen este servicio, solo el 50% prevé algún tipo de dieta especial para pacientes oncológicos, embarazadas, personas con diabetes y VIH.

El 95% de las personas accede al servicio de alimentación sin abonar ningún valor y 5% se desplaza hacia otras instituciones que brindan el servicio por un precio módico o adquieren sus alimentos a través de la gastronomía local. Este gasto en alimentación hace que solo el 82% pueda acceder a 3 platos diarios, mientras que el 18% restante consume solo entre uno a dos platos diarios.

Sobre las oportunidades de escolaridad, el 30% de los encuestados tienen a su cargo un niño, niña o adolescente, de los cuales solo el 47% tiene acceso a servicios escolares formales.

Finalmente, sobre los servicios de salud, las personas beneficiarias refirieron que, desde su llegada al país, un 45% había demandado asistencia en salud de los cuales, pero solo el 74% había recibido atención. En materia de salud sexual y reproductiva, el 79% manifestó haber recibido este servicio a través de la dotación de condones, acceso a la píldora del día después y capacitación e información sobre derechos.

La pandemia de COVID-19 generó que muchos refugios y albergues reduzcan su capacidad de atención para priorizar medidas de bioseguridad. • Respuesta del Estado frente a los flujos migratorios de personas de Venezuela sigue sin ser la adecuada. • Estudio se llevó a cabo en ocho ciudades del país entre marzo y abril de 2021.

Perfil de los encuestados:

• Los rangos generaciones más representativos son los de 19 a 35 años (53.8%) y de 36 a 64 años (30%), seguidos con una menor representación en menores de 18 años (14,6%) y en mayores de 65 años (1.64%).

• Sobre el estado civil, el 62.3% se identificó como soltero(a), el 30% reportan encontrarse bajo unión de hecho, mientras que las personas casadas y viudas representan el 5.4% y el 2.3%, respectivamente. La mayor cantidad de personas solteras son mujeres, mientras que en el grupo de los casados (as) los hombres tienen protagonismo.

• Sobre el género, el 50.7% es masculino, el 47.69% femenino y el 1.54% se autoreconocieron con otros géneros.

• En la actualidad, el 62% no realiza actividad laboral alguna, 23% piden dinero en las calles o alternan actividades de venta ambulante con la solicitud de ayudas a los transeúntes. Otro 15% realizan actividades laborales informales y eventuales (recicladores y trabajos por un día como albañiles, carpinteros, promotores comerciales de restaurantes y otros negocios locales, etc.).