El presidente Guillermo Lasso anunció el 18 de octubre el estado de excepción en el territorio nacional por el elevado incremento de la violencia que está viviendo el país.

Casos como el fallecimiento de un niño de 11 años en la ciudad de Guayaquil a causa de una bala perdida durante el enfrentamiento de un policía con delincuentes, es uno de los tantos acontecimientos que se registran a diario.

En dicha disposición las autoridades desarrollan el control de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día y requisiciones de drogas entre otras acciones a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante los sesenta días de excepción. Además, se tiene contemplado la creación de la unidad de defensa legal de la fuerza pública.

En la medida firmada en el decreto 224, los militares reforzarán los labores de la Policía Nacional en las provincias con mayor índice de criminalidad como: Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos. Jorge Zanafria, sociólogo, comenta que dicha implementación no es la solución de fondo para el problema de la violencia vinculada con el narcotráfico.

“La militarización de la seguridad no es una salida. Hay que tomar en cuenta que las fuerzas que tienen que mantener el orden público al interior del país es la Policía Nacional ya que tiene el entrenamiento y la preparación para cumplir con esa tarea; mientras que, las Fuerzas Armadas están preparadas para la protección de la soberanía nacional y combate de otra manera, por lo tanto no deberían ser ocupadas para tareas de orden público interno como es lo que se va a hacer en el estado de excepción”, puntualizó.

Para Andrés Marín Jiménez, relacionador público de la UTPL, manifiesta que se desarrolla en un momento crucial. “Pienso que lo hace en un momento erróneo al decretarse luego de un mes de la masacre carcelaria acontecida. Está correcto que lo haga, pero tiene otra finalidad siendo una estrategia para tratar o retener las manifestaciones masivas del sector de la agricultura, con los maestros… porque con el estado de excepción se le da atribución a la seguridad pública, militares y policías que puedan atentar contra la integridad de otra persona si está causando algún caos”, comentó.

Jhomayra León, abogada lojana, no está a favor de la medida impuesta por el mandatario. A pesar de ello, cree que brinda apoyo a los policías para que efectúen mejor su trabajo.

“Con la presente medida los policías y militares pueden tener más libertad al ir contra las personas que están cometiendo delitos, también considerando a que, mucho se ha hecho énfasis en los derechos humanos protegiendo más a las personas que han cometido infracciones, delitos, contravenciones y no a la Policía porque muchos de ellos se les ha condenado por hacer su trabajo. Creo como en otros países, se los quiere apoyar para que ellos puedan hacer su trabajo sin miedo a ser demandados y luego hacer encarcelados” mencionó.