En horas de la mañana de este jueves 02 de diciembre, los 4 asambleístas por la provincia de Loja se reunieron con la presidenta nacional del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado.

Hechos

La jueza de Quevedo, Jenny Patricia Freire Arias, tras una acción de protección interpuesta por la Empresa Safety Enforcement falló a favor de esta institución y ordenó la semana anterior al Municipio de Loja el pago de USD 12 millones.

Ante la situación, los asambleístas Johanna Ortiz Villavicencio, Lucía Placencia Tapia, Byron Maldonado Ontaneda y Manuel Medina Qhizhpe asumieron la preocupación de la ciudadanía y se reunieron con la presidenta de la CJ, donde también se sumaron legisladores de Tungurahua debido a que en Ambato, el Municipio tiene que pagar USD 70 millones.

Johanna Ortiz Villavicencio, asambleísta por Loja, expresó que “los resultados del conversatorio fue el compromiso de la autoridad de entregarnos la información solicitada en el marco de lo que establece la ley, en 10 días; de hecho nos mostraron los documentos que la entidad había emitido de manera oportuna a la dirección de transparencia judicial y otras instancias para que haya una investigación a todo el proceso”.

Lo que buscan los asambleístas es que se transparente el accionar de los servidores judiciales, observar la responsabilidad que haya tenido y sobre todo que pongan especial atención a este caso de Loja que es similar al de Ambato.

Añadió que “esos USD 12 millones significan cubrir de servicios básicos y obras prioritarias al cantón Loja”.

El asambleísta Byron Maldonado Ontaneda agregó que “los legisladores de Loja, y si desean sumarse los de Tungurahua, presentaremos una denuncia en contra de la jueza Jenny Patricia Freire Arias, para que se indague si existe o no una presunta negligencia en su accionar”. La imputación será realizada a más tardar el lunes 06 de diciembre.(I).